La Fiscalía pide un nuevo indulto para Junqueras al negarse el Supremo a amnistiar su malversación

La Fiscalía pide un nuevo indulto al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras después de que el Tribunal Supremo se negase a amnistiar el delito de malversación por el que fue condenado a 13 años de inhabilitación por el 1-O. El Ministerio Público pide conceder un nuevo indulto al dirigente de ERC, a pesar de que ya se le concedió esta medida de gracia en junio de 2021 y después de que la Ley de Amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con los separatistas a cambio de sus votos para la investidura del dirigente socialista no haya logrado su objetivo.

«La concesión del indulto parece pertinente al ser excesivo que se siga cumpliendo la pena de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias en que el delito se cometió y a que otros intervinientes en hechos que se enmarcan en el denominado proceso independentista catalán, vayan a ver extinguida de modo total su responsabilidad penal sin ser enjuiciados, al deberse proceder el archivo de las causas contra ellos iniciadas», señala la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, en su escrito. Oriol Junqueras fue condenado por el Tribunal Supremo a la pena de 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación por participar en la organización del referéndum ilegal del 1-O.

Ángeles Sánchez Conde es la mano derecha de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, que se encuentra a un paso de ser imputado por el Tribunal Supremo por la presunta revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

La Fiscalía pide un nuevo indulto para Oriol Junqueras puesto que «es líder del procés, ha ingresado en prisión, ha sido enjuiciado condenado y ha cumplido de forma extensa la condena y ello ha generado una profunda convulsión en la sociedad catalana (…) Dicha condena ha sido uno de los hitos, tal vez el más importante para provocar la desafectación a que se refiere la exposición de motivos», apostilla el escrito.

Ángeles Sánchez Conde hace una defensa a ultranza de la Ley de Amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó para ganarse el apoyo de ERC y Junts a su investidura. En el texto, define esta norma «como un paso necesario para superar las tensiones referidas y eliminar alguna de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población».

La Fiscalía defiende que los hechos por los que Oriol Junqueras fue condenado en el Tribunal Supremo hace cuatro años «son susceptibles de ser amnistiables por estar comprendidos dentro de los actos que entran dentro del ámbito objetivo de la Ley de Amnistía».

Inhabilitado hasta 2031

Cabe mencionar que en diciembre de 2020, los cuatro fiscales que participaron en el juicio del 1-O se opusieron a que se concediera el indulto a los 12 condenados «debido a la gravedad de los hechos» y a que no se encontraron «razones de justicia, equidad o utilidad pública que justificasen la medida de gracia». A pesar de este postura, el Ejecutivo de Sánchez optó por concederle el indulto a Oriol Junqueras y al resto de condenados en el Tribunal Supremo.

El Ministerio de Justicia, dirigido por el ministro Félix Bolaños, recibió la nueva solicitud de indulto el pasado 4 de julio, tan sólo tres días después de que el Supremo rechazase amnistiar a Junqueras el delito de malversación de causales públicas en la causa del procés. Cuando se solicita un indulto, un trámite que el propio condenado o cualquier otra persona puede pedir al Gobierno a su favor, el Ministerio de Justicia está obligado por ley a tramitarlo. Esto implica solicitar una serie de informes antes de que el Consejo de Ministros debata si se aprueba o no el perdón y en qué medida.

Entre esos informes está el que se tiene que pedir al tribunal sentenciador, que en el caso de Oriol Junqueras fue el Tribunal Supremo, que en febrero de 2023 ratificó la inhabilitación de Junqueras por 13 años al revisar la sentencia del procés tras la reforma del delito de malversación y la eliminación de la sedición.

Los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en junio de 2021 supusieron la extinción de toda la pena de prisión de Oriol Junqueras, aunque se mantuvo la pena de inhabilitación. Por ello, el ex líder de ERC pudo ser amnistiado aunque sin poder ejercer un cargo público hasta 2031.