Caso 'Tándem'

El juez retira el pasaporte al hijo de Villarejo e impone 15.000 € de fianza al ex policía Bonilla

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, impone al hijo del ex comisario José Manuel Villarejo medidas cautelares y le obliga a acudir al juzgado cada quince días también ha ordenado retirarle el pasaporte.

El juez García-Castellón interrogará a Villarejo sobre
El juez García-Castellón interrogará a Villarejo sobre "las instrucciones que recibía de Rajoy".

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, impone medidas cautelares para el hijo de José Manuel Villarejo, tras su declaración de este lunes como investigado en la pieza separada ‘Pit’ del caso ‘Tándem’. El magistrado ha ordenado comparecencias quincenales y la retirada del pasaporte al hijo del comisario jubilado, quien actualmente se encuentra en prisión provisional, en línea con la petición realizada previamente por la Fiscalía.

José Manuel Villarejo Gil, hijo del ex comisario ha llegado a la Audiencia Nacional, a las 09.00 horas, junto con el ex agente de policía, Antonio Bonilla, para declarar ante García-Castellón. El juez ha impuesto a Bonilla libertad bajo fianza de 15.000 euros y al ex embajador de Guatemala en Estado Unidos, Julio Ligorría, medidas cautelares con comparecencias mensuales e informar al juez en caso de que quiera salir de España.

El ex policía, Antonio Bonilla, ha declarado que en 2013 suscribió un contrato de servicios con la mercantil Cenyt -propiedad de Villarejo- para la confección de análisis de información. En la documentación obrante en poder del juez y por la que está siendo investigado, consta su participación en un viaje a Guatemala, en mayo de 2016.

Bonilla ha declarado que acudió al país centroamericano por encargo de Rafael Redondo, socio de Villarejo, pero sin recibir ninguna contraprestación a cambio. Se le pidió que actuase como fedatario en la toma de declaración policial a uno de los trabajadores del empresario Pérez-Maura -Juan José Suarez- que había sido detenido en el marco de las investigaciones judiciales ahora conectadas con ‘Pit’.

El tercer investigado, el ex embajador de Guatemala en Estado Unidos, Julio Ligorría, se retrasaba diez minutos sobre la hora prevista para la comparecencia y manifestaba encontrarse «tranquilo» y acudir dispuesto a «contar toda la verdad al juez» García-Castellón.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional les ha citado a declarar en calidad de investigados en esta pieza separada para que aclarasen el encargo efectuado por el empresario naviero Ángel Pérez-Maura a José Manuel Villarejo para este último frenase su procedimiento de extradición a Guatemala, en un trámite de la Audiencia Nacional en 2016, a petición de las autoridades guatemaltecas.

El ex comisario debía conseguir, a través de sus contactos policiales, que el procedimiento donde se investigaban a Pérez-Maura por su implicación de varios delitos de corrupción se cerrase sin consecuencias en el país centroamericano. Encargo por el que el entramado empresarial de José Manuel Villarejo habría recibido 10 millones de euros.

Más declaraciones 

Este martes están citados por esta misma pieza separada, el abogado y socio del comisario jubilado, Rafael Redondo; y, Armando Mateo, investigado por haber participado en los pagos realizados irregularmente. El miércoles el juez García-Castellón y los fiscales anticorrupción se desplazarán hasta la prisión de Estremera –donde el ex comisario permanece preventivamente desde noviembre de 2017- para interrogar a Villarejo que por motivos de salud no puede se trasladado a sede judicial.

La ronda de comparecencias continúa el jueves con la citación como investigada de la sociedad Pérez y Cía, la empresa de los navieros presuntamente vinculada a la trama de la causa que se instruye en Guatemala y que habría sido utilizada para realizar diferentes pagos en el marco de la misma.

Finalmente, el viernes acudirá a declarar el comisario Carlos Salamanca, quien fuera detenido junto a José Manuel Villarejo y que como él permaneció cuatro meses en prisión provisional hasta que el entonces juez instructor, Diego de Egea, decretó su puesta en libertad.

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