La Fiscalía a favor de que la Audiencia Nacional investigue la invasión de Ceuta

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes un informe ante la juez María Tardón en el que ha defendido que sea este órgano el que investigue la entrada masiva e irregular de personas registrada en Ceuta.

El escrito sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, organización criminal y homicidio por imprudencia, y ha solicitado que se decrete el secreto parcial de las actuaciones.

El informe ha sido remitido por el fiscal de Sala jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y constituye el primer pronunciamiento formal del Ministerio Fiscal sobre este asunto.

Según ha explicado la Fiscalía, la competencia de la Audiencia Nacional se sustenta en varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El primero de ellos es un artículo que «atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando, conforme a las leyes o a los tratados internacionales, corresponda su persecución a los tribunales españoles», extendiéndose dicha competencia también a los delitos conexos.

El documento ha invocado además el principio de territorialidad recogido en la LOPJ, recordando que «los tribunales españoles conocerán de los delitos cometidos en territorio español». En este sentido, la Fiscalía ha subrayado que el resultado principal investigado, es decir, la entrada masiva de personas, se ha producido en suelo ceutí.

A ello se suma otro precepto, que permite ejercer la jurisdicción española sobre conductas desarrolladas fuera de España cuando existan elementos de conexión suficientes y los efectos jurídicos se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento nacional.

La Fiscalía ha citado también un instrumento internacional: la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Nueva York en el 2000 y conocida como Convención de Palermo, junto con su Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes.

Reparto entre países

De acuerdo con los indicios recabados hasta el momento, buena parte del entramado se habría gestado fuera de España. El informe fiscal ha detallado que «una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí», mientras que la ejecución material, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se han producido en territorio español.

Este reparto geográfico de tareas ha sido, precisamente, uno de los ejes sobre los que ha pivotado la argumentación de la Fiscalía para reivindicar la competencia de un órgano centralizado como la Audiencia Nacional, especializado en fenómenos criminales complejos y de carácter transnacional.

Delitos

En su informe, el Ministerio Fiscal ha precisado que los hechos, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que resulte de la instrucción, podrían ser constitutivos de varios delitos. En primer lugar, el favorecimiento de la inmigración irregular previsto en el Código Penal, que se habría cometido presuntamente de forma agravada al ejecutarse en el seno de una organización y al haber puesto en peligro la vida y la integridad física de las personas afectadas.

En concurso con este delito, la Fiscalía ha apuntado también a posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. A ellos se añadiría un tercer tipo penal: el de organización o grupo criminal.

El documento ha dejado además una puerta abierta a que la instrucción determine si los hechos podrían llegar a afectar al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva, como la paz o la independencia del Estado, un extremo que tendrá que dilucidar el juez instructor a medida que avance la causa.

Petición de secreto

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interesado del órgano instructor que, dada la concurrencia de razones excepcionales, se declare el secreto parcial de las actuaciones. Esta medida, habitual en causas de cierto calado relacionadas con redes de tráfico de personas, busca salvaguardar el desarrollo de la investigación en sus fases iniciales.

La instrucción que lidera la Audiencia Nacional deberá aclarar, en las próximas semanas, hasta dónde llega realmente la trama y quiénes se sientan detrás de una red que podría tener sus nodos en ciudades marroquíes.