Los fiscales exigen más tiempo para investigar delitos ante la avalancha de demandas por el coronavirus

Los fiscales quieren tiempo para poder investigar sin limitaciones los delitos. Ante la futura avalancha de demandas colectivas y otras causas judiciales contra el Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria, algunas ya en curso, los miembros del Ministerio Público exigen al Ejecutivo la «derogación inmediata» de la ley actual -si es necesario vía decreto «al concurrir los presupuestos de urgencia y necesidad»- que restringe a 6 meses o 18, en los casos más complejos, el tiempo disponible para la fase inicial del proceso judicial en España.

Así se lo han manifestado los representantes de las tres principales asociaciones de fiscales a los interlocutores del Ministerio de Justicia con los que se reunieron esta semana: «Se han de implementar pues medidas que permitan el despacho efectivo y en un plazo razonable de los asuntos pendientes. Para ello resulta ya imprescindible la derogación inmediata del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». De lo contrario, los fiscales temen que se produzcan espacios de impunidad para los responsables de los delitos más graves, una vez superado el estado de alarma y ante el previsible colapso de los juzgados.

Los fiscales han insistido en que «si dicho artículo nunca fue positivo», mantenerlo en la actualidad podría impedir «que las causas salgan en plazo legal, y no solo las más complejas o de especial trascendencia».

«Interesamos pues su derogación, si es necesario a través de la figura del Real Decreto-Ley, al concurrir los presupuestos de urgencia y necesidad, sin que sea viable por trámite ordinario ni incardinada en una eventual reforma general» de la ley, defienden.

Cauce ordinario

Por su parte, la Directora General y el Secretario General del Ministerio de Justicia informó a los fiscales de que el departamento que dirige el socialista Juan Carlos Campo está preparando un Decreto-Ley de medidas urgentes «relativo a medidas de seguridad en el trabajo y ampliación de plazos durante la crisis, con una duración transitoria de entre tres y seis meses, y una Ley de agilización de la Justicia, ésta por trámite legislativo ordinario, de carácter más general».

Un escenario en el que no se contempla «la inclusión urgente» de la reforma de la LECrim que se encuentra, actualmente, en período de tramitación ordinaria en el Parlamento -en plazo de enmiendas- que se prevé que pueda ser efectivo en un plazo de entre dos a cuatro meses. Por su parte, la propuesta de modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por la que los fiscales serán los encargados de investigar los procedimientos, está pendiente de aprobación, en Consejo de Ministros, a finales de año.

Medidas telemáticas

Los miembros del Ministerio Público han solicitado a los interlocutores del Ministerio de Justicia que la reincorporación a la actividad ordinaria sea progresiva «por turnos rotatorios, atendiendo a las circunstancias personales y familiares de cada fiscal, de acuerdo a su situación personal y familiar y estado previo de salud, incorporándose por grupos de riesgo». Además, «se tendrá también en cuenta el estado de las distintas sedes de Fiscalía para evitar en lo posible aglomeraciones innecesarias», limitando el aforo preexistente.

Para aliviar los trámites y procesos, los fiscales han insistido en la importancia de impulsar medidas telemáticas que aligeren su carga de trabajo: «Exigimos que las notificaciones telemáticas a través del sistema LexNet respondan a una notificación tipo ‘doble click’». Lo que, en su opinión, permitirá que el Juzgado tenga conocimiento de que el fiscal encargado del asunto, ha recibido la información. Una fórmula similar a la de los mensajes de WhatsApp. «Con ello se evitaría lo que en la práctica está ocurriendo, al llegar en ocasiones a conocimiento efectivo del Fiscal la notificación en su bandeja de entrada con los plazos ya vencidos», apuntan los miembros del Ministerio Público.

«Es urgente la implantación de un sistema informático que permita el trabajo on line intercomunicado entre Juzgado y Fiscalía, desde el que se pueda consultar el expediente completo» de manera telemática y «recibir y emitir notificaciones». «Se ha de trabajar con la idea de papel cero», han pedido los fiscales al Ministerio de Justicia.

Y han añadido que es fundamental potenciar «el uso de las videoconferencias, con la dotación de los sistemas necesarios y la formación correspondiente; y la instalación de programas informáticos de reconocimiento de voz y transcripción digital en los ordenadores de todos los Fiscales».