El informe de Moncloa que alertó de la rebaja de penas a violadores y que da la razón a Calvo

Moncloa era consciente del riesgo judicial de la ley del sólo sí es sí. Aun así, Pedro Sánchez le dio su visto bueno en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021. La ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha admitido que el Gobierno sabía que la ley provocaría beneficios para los agresores sexuales. Y OKDIARIO publica el informe exclusivo en el que el Ministerio de la Presidencia, entonces dirigido por Calvo, advierte a Igualdad sobre la rebaja de las penas. El documento está fechado el 16 de septiembre de 2020.

Este informe, al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, prueba el desacuerdo de Moncloa con la rebaja de penas que recoge la norma estrella de Irene Montero. El Gobierno ha ocultado deliberadamente el documento, junto a otros remitidos por distintos ministerios, comunidades autónomas y organizaciones con críticas y alegaciones a la ley, hurtando así una información clave al Congreso de los Diputados para su aprobación.

En el texto, Presidencia incide en la principal novedad de la ley -la eliminación de la distinción entre agresión y abuso sexual- y señala su desacuerdo con el nuevo marco penológico.

Así, destaca que, con la reforma operada en el anteproyecto, «se aplican al nuevo tipo único de agresión sexual, cuando es calificado como violación, las penas actualmente previstas, no para la agresión sexual (prisión de 6 a 12 años) sino para el abuso sexual (4 a 10 años) y las penas previstas para los tipos agravados por la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 180 quedan sustancialmente reducidas al pasar de prisión de 5 a 10 años en el caso del tipo básico, a prisión de 2 a 6 años, y de 12 a 15 para la violación agravada, a 7 a 12 años en la nueva regulación».

Cabe recordar que, antes de la reforma del Gobierno, la violación implicaba penas de prisión de 6 a 12 años y que, con la ley del sólo sí es sí, la pena mínima se vio rebajada a los 4 años.

La ley modifica además las penas con agravantes, pasando por ejemplo la pena mínima de la agresión sexual con penetración agravada de los 12 años a los 7. Una modificación sustancial que está fundamentando la mayoría de las rebajas de penas a delincuentes sexuales. Aunque durante la tramitación de la ley sí se elevaron las penas máximas, las mínimas se mantuvieron rebajadas, lo que ha derivado en las revisiones de condena ahora conocidas.

El Ministerio de la Presidencia, dirigido por Calvo, se mostró rotundo en su crítica a esta rebaja: «Con ello, pese al fin que persigue la ley de considerar agresión sexual todas las acciones que atenten contra la libertad sexual cuando no haya consentimiento de la víctima, con independencia de que haya o no violencia o intimidación, el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves», señalaba en el informe que fue remitido a Igualdad.

Y concluía: «No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».

Confesión

Este informe revela que en Moncloa eran críticos con la rebaja de las penas y conscientes, inevitablemente, de sus riesgos en caso de revisión de condenas. Aun así, se optó por dar autonomía a Irene Montero para sacar adelante su reforma, con las consecuencias ahora conocidas. El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprobó el anteproyecto y permitió que iniciase su andadura parlamentaria hasta su aprobación definitiva, en agosto del año pasado.

Durante más de dos años, Sánchez ha ocultado la existencia de este informe y sus críticas a la rebaja de penas. Es más, el presidente socialista no ha dudado en mostrar públicamente su respaldo a la ley, de la que se ha declarado «orgulloso».

No ha sido hasta este lunes cuando la ex vicepresidenta Carmen Calvo confesó que Moncloa era consciente de los riesgos y que, tanto ella como el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hicieron «observaciones» a la ley presentada por Montero.

«El ministro de Justicia, como juez porque sigue siendo juez y magistrado del Tribunal Constitucional, hizo observaciones porque le correspondía. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera», afirmó Calvo, en la Cadena SER.

«¿Qué ocurrió? Pues que la ministra se hacía cargo de su proyecto porque creía en su proyecto, como sigue creyendo», apuntó la ex vicepresidenta, señalando que «en un Gobierno se respeta la autonomía de un ministro cuando dice mi ley es ésta».

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó este martes a Sánchez de aprobar la ley «a sabiendas» de que era «perjudicial» para las mujeres. «¿Qué clase de feminismo justifica haber rebajado la pena a centenares de agresores sexuales a sabiendas? ¿Qué tiene que decirle a las mujeres que se han visto revictimizadas por su decisión?», espetó el dirigente popular en el Senado.