El escándalo de la trampa fiscal tendida por el PNV a la Real Sociedad lleva a juicio al ex director de Hacienda

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Carlos Cuesta

El escándalo de la trampa fiscal que tendió en su momento el PNV a la Real Sociedad para ampliar su control sobre el club de fútbol suma un nuevo capítulo. Comienza el juicio en Guipúzcoa y lo hace con la premisa de que se tendrá que sentar en el banquillo el que fuera director general de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, controlada ayer y hoy por el PNV. Ante el numeroso listado de testigos, el tribunal de la Audiencia Provincial ha extendido las testificales a 3 días consecutivos: 19, 20 y 21 de Octubre de 2020.

El que fuera director general de la Hacienda provincial se sentará en el banquillo. Su nombre es Pedro María Ruiz Azúa, y en una clara muestra de nerviosísimo ha solicitado que ese tribunal no sea el que le juzgue sino que vuelva el procedimiento al juzgado de lo penal.

Markel Olano Arrese, diputado general de Guipúzcoa del PNV; Peio González Arcelay, diputado de Hacienda; Coro Pereriro Zabala, subdirectora general de la misma Hacienda Foral; María Jesús Pérez, secretaria, y Yolanda Domínguez, subdirectora general de Impuestos Indirectos de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, comparecerán entre otros en calidad de testigos ante un enorme listado de pruebas que no se limitarán a la condonación ilegal de deudas a la Real Sociedad de Fútbol SAD por importe de 6.4 Millones de euros, sino también a otro tipo de comportamientos.

Entre las cuestiones que se tienen que dilucidar se encuentra la sospecha de la existencia de un contabilidad B por parte de la Real Sociedad por un importe anual superior al millón de euros durante los ejercicios 2003 y 2007, ambos incluidos.

También se analizará el pago en diversos paraísos fiscales (Panamá, Suiza, Holanda y Nueva Zelanda) de las fichas completas de jugadores de la Real Sociedad, presuntamente con la connivencia de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, durante los ejercicios 2003 y 2007, ambos inclusive.

Otros de los actos que se deben probar en el juicio son la creación y desarrollo de sociedades en esos mismos paraísos fiscales durante esos mismos ejercicios; el posible pago en dinero negro de un sueldo en B a algunos de los directivos de manera anual; y el posible pago en negro de gastos médicos.

Hay que recordar que el PNV aprovechó la situación económica de la Real Sociedad para tenderle una trampa fiscal. Todo ello, con el objetivo de que el club guipuzcoano dependiera de las subvenciones del Gobierno vasco.

La Real Sociedad, a contra corriente del resto de los clubes de fútbol españoles, se mostró conforme con las propuestas de la Inspección de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, controlada por el PNV. La inspección afectaba al tratamiento dado a los derechos federativos. La presión y la amenaza de trasladar el asunto como causa penal llevó al club a aceptar la exigencia de firmar en conformidad la inspección y, desde ese momento el club pasó a depender de los créditos y ayudas oficiales, también controladas por PNV.
La conformidad mostrada por el presidente actual de la Real Sociedad de Fútbol S.A.D. – Jokin Aperribay – chocaba frontalmente con los criterios de sus representantes legales: CIALT SA , asesores de “optimización” fiscal localizados en la sede de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa.

La circunstancia que doblegó la voluntad de firmar en disconformidad el expediente fiscal de la Real Sociedad por parte de Jokin Aperribay y los administradores concursales –Cristobal Mañero, Jesús San Martín y Antxón Ibargutxi– se produjo tras una tensa reunión, donde el diputado foral de hacienda en ese momento, Peio González, junto con el director general de Hacienda, Pedro María Ruiz de Azúa, conminaron a Aperribay a la firma en conformidad de las actas incoadas por retenciones del IRFP, por importe de 18 millones de euros, bajo amenaza de llevar el expediente fiscal a los Tribunales de Justicia.

Así, el presidente de la Real Sociedad se avino a semejante propuesta, tal como él mismo veladamente manifestó en una entrevista concedida a Iñaki Mujika en Onda Vasca Radio el 16 de abril de 2016.
 Obviamente, la subordinación de la Real a la propuesta del diputado foral de Hacienda de Guipúzcoa tuvo su recompensa, avalada con el visto bueno del máximo responsable político provincial, el diputado del PNV Markel Olano Arrese:

Se condonó a la Real Sociedad una sanción adicional por un importe de 6,4 millones de euros.

El acreedor principal de la Real Sociedad, esto es la Hacienda Foral de
Guipúzcoa, tuvo a bien convertir la deuda del club en préstamos
participativos por importe de 24 millones de euros, circunstancia más que
singular en un acreedor en un concurso de acreedores en un juzgado de lo
mercantil.

Los responsables de la extraña gestión llevada a cabo con la Real Sociedad
por diversos consejos de administración entre los años 2003 y 2007, todos
vinculados al PNV, evitaron el banquillo ante las contundentes pruebas con las que contaban los inspectores tributarios de la Hacienda guipuzcoana. Y como guinda de este regalo en forma de pastel, al club se le concedieron 6 millones de euros por una subvención que en el mejor de los casos era más que discutible desde el punto de vista legal.

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