El empresario que denuncia a Asens y Pisarello por 8 delitos: «Sufrimos intimidación y coacciones»

El empresario Francisco Medina se ha querellado contra los dirigentes de Sumar Jaume Asens, Gerardo Pisarello y Eloi Badia por el infierno que desde el Ayuntamiento de Barcelona le hicieron pasar. Desde el Gobierno de Ada Colau los ahora estrechos colaboradores de Yolanda Díaz boicotearon Open Camp, el proyecto del primer parque temático del mundo dedicado al deporte y a la tecnología en el maltrecho Anillo Olímpico barcelonés. Se trató de una operación que dejó a 288 trabajadores en el paro y la pérdida de 7,6 millones de euros de inversión. «Sufrimos intimidación y coacciones, nos han extorsionado y amenazado. Abusaron y se valieron de sus cargos múltiples veces para atacar nuestra libertad de empresa», lamenta el empresario que reconoce que esta aversión de la izquierda a la iniciativa privada le ha dejado arruinado.

El contenido de la querella, que desvela OKDIARIO, detalla a lo largo de 136 folios presuntas amenazas, coacciones, extorsión, falsedad, fraude, prevaricación, cohecho y financiación ilegal del partido político Esquerra Unida i Alternativa. Éste es uno de los partidos que forman parte de En Comú Podem). En total, 87 hechos que para Medina constituyen varios delitos. La denuncia contra Asens, Pisarello, Badia y otra alto cargo municipal está siendo analizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la instancia competente dado que el caso alcanza a personas aforadas. En varias reuniones los políticos y sus subordinados dieron órdenes expresas para cambiar la iniciativa y, a la postre, hacerla inviable.

«Es un proyecto indeseable»

El equipo de Ada Colau hizo la vida imposible a esta pequeña compañía que contaba con el apoyo de decenas de instituciones públicas y privadas de todo el mundo. Se tomó la decisión de hundir la empresa y todas las artimañas fueron válidas, indica el afectado. «Vuestra iniciativa es indeseable y opaca, un proyecto privado heredado del gobierno anterior. No vamos a permitir que se acabe consolidando, por mucho contrato que ya estuviese firmado», llegó a trasmitir una coordinadora municipal a Medina en una reunión. No pagaron ninguna indemnización por los daños provocados por esta decisión.

La lista de presuntas irregularidades que recoge la denuncia contra Asens, Pisarello y Badia es larga. Una de las que más llama la atención es que «prevaliéndose de su cargo público, Asens cometió la modalidad más grave de cohecho» y «la financiación ilegal» de un partido político. «Exigieron a la empresa que, contra de su voluntad, beneficiase a un tercero (la fundación ligada a uno de los partidos de En Comú Podem) asumiendo económicamente la financiación de una exposición partidista sobre el 80º Aniversario de la Olimpiada popular de 1936», relatan. Igualmente, se celebró a cambio de «un precio ridículo y simbólico» un mitin para arengar a la extrema izquierda en Barcelona.

500.000 € de «cohecho»

Además, indica que el Ayuntamiento les trasladó «la obligación ilegal de contratar laboralmente a personas afines a partidos que conformaban el gobierno municipal, so pena de las fatídicas consecuencias de no autorizar el parque temático». «Nos obligaron a contratar a personas afines y a trabajadores locales con la excusa de tener que democratizar y colectivizar el proyecto de un parque temático no deseado», lamenta Medina. Las miles de entradas a la exposición, llena de banderas republicanas, fueron gratis, lo que acentuó más la maltrecha situación económica a la que condenaron a Open Camp, que no vio retorno. Gastaron medio millón para beneficiar a la Fundació l’Alternativa con la promesa de que posteriormente el Ayuntamiento se haría cargo de los desembolsos pero, finalmente, no fue así.

Por otra parte, la alergia a «la mercantilización de espacios públicos» de los querellados provocó la orden de eliminar toda mención al carácter innovador y comercial del proyecto. Les obligaron a ocultar su colaboración con Microsoft «por ser una multinacional». Sabotearon la llegada de una muestra tecnológica que acabó en Madrid. También «plagiaron y piratearon» la idea de levantar el primer espacio dedicado a los deportes paralímpicos. Durante todas las negociaciones, el Consistorio reconocía que estaba ante un proyecto atractivo, «conceptualmente muy acertado», pero la ideología de Colau obligaba a «municipalizarlo» y tratar, sin éxito, de llevarlo a cabo con medios municipales.

«Nos han extorsionado»

También les dejaron tirados a la hora de recibir 12 delegaciones olímpicas internacionales que querían conocer el proyecto –de hecho, en China hicieron una versión del Open Camp–. También les obligaron a borrar escudos y banderas de España, según el denunciante. E incluso vetaron su participación en los actos conmemorativos de los Juegos de Barcelona 1992 y en el Parque Infantil porque «no lo tenían controlado políticamente y no podían cancelar la presencia de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército».

La querella incluye 225 documentos (contratos mercantiles, actas oficiales, correos electrónicos…) para sustentar las acusaciones. Además, pide tomar declaración a 16 testigos para confirmar la autenticidad de los hechos que la denuncia atribuye a Asens, Pisarello y Badia.

El principal empresario damnificado por los abusos de poder y las ilegalidades denunciadas desvela que estamos ante el primer caso amparado por la nueva Ley de Protección de los Denunciantes que luchen contra la corrupción política, aprobada este 2023.