Dos diputados del PP tendrían que dimitir según las condiciones exigidas por Ciudadanos

Según las condiciones exigidas por Ciudadanos para negociar el ‘sí’ a la investidura de Mariano Rajoy, dos diputados populares verían peligrar sus escaños al ser estos incompatibles con el primero de los puntos: apartar a los imputados por corrupción. En el actual grupo parlamentario popular en el Congreso figuran dos diputados actualmente investigados -imputados-.

Manuel Blasco, ex alcalde de Teruel y Diputado Nacional del PP por Teruel, está siendo investigado, junto con otros dos ex alcaldes de Teruel (uno del PAR y otro del PSOE), por un presunto delito de prevaricación administrativa, tras una denuncia de una particular por no derribar unas viviendas ilegales en un poblado chabolista denominado “Pomecia”.

El diputado por Castellón Óscar Clavell fue procesado en Nules -Comunidad Valenciana- por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, amén de pagos ilegales por valor de más de 700.000 euros a una empresa cuando ejercía como alcalde de la localidad de Vall d’Uixó. Actualmente se encuentra a la espera de que el fiscal estime si procede al archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.

No se encuentra actualmente imputado el diputado por Alicante Gerardo Camps quien, como informó OKDIARIO, ordenó hinchar facturas de la Ciudad de la Luz y a quien podría abrírsele un procedimiento próximamente.

Dos posibles casos en el Senado

En cuanto a la Cámara Alta, en las filas del Partido Popular existen dos casos que podrían convertirse en incompatibles en un futuro no muy lejano.

En el caso de Rita Barberá la condición exigida por Ciudadanos podría tener su influencia en el futuro, en tanto que la ex alcaldesa de Valencia está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si la llama a declarar como imputada por el caso Taula, según ha solicitado la Fiscalía de dicho Tribunal.

En el Sentado existe también otro caso, el de Pilar Barreira, que podría verse imputada por corrupción en el marco de la trama Púnica. Alcaldesa de Cartagena durante 20 años, un informe de la Guardia Civil aporta indicios de que contrató con dinero público a empresas de la Púnica con la misión de mejorar su imagen en internet.