El espionaje a Ayuso llega a los Tribunales: denuncian a la AEAT por revelación de secretos

El presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a los tribunales. Un particular ha presentado una denuncia por un delito de revelación de secretos.

En concreto, la denuncia se dirige contra uno o varios trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por «recabar información confidencial del hermano» de Ayuso y «proporcionársela a la dirección del Partido Popular, que la ha utilizado en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sin que esto último, o el perjuicio sufrido por cada afectado, sean objeto de esta denuncia».

Por esta razón, el denunciante reclama que tanto el líder del PP, Pablo Casado, como su secretario general, Teodoro García Egea, sean llamados a declarar para explicar la procedencia de los datos fiscales y bancarios a los que, durante los últimos días, han aludido en diversas declaraciones públicas. Se refiere al denunciante a las aseveraciones de Casado en Cope, donde el presidente de los populares afirmó que, a finales de verano, recibió «una información con datos fiscales y bancarios» sobre el presunto cobro de una comisión por parte del hermano de Isabel Díaz Ayuso. «Deduje que venía de alguna entidad pública, pero no le dije a Ayuso que procedía del Gobierno», señaló.

En base a estas declaraciones, para el denunciante «está fuera de toda duda que alguien, de forma ilegal, hizo llegar a la dirección nacional del PP información fiscal relativa al Tomás Díaz Ayuso, con infracción de la legislación relativa a la protección de datos, lo cual pudiera constituir más de un ilícito administrativo o penal».

En este sentido se alude al artículo 197 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quienes, sin estar autorizados, se apoderen, utilicen o modifiquen, en perjuicio de terceros, «datos reservados de carácter personal o familiar de otros que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quienes, sin estar autorizados, accedan por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero».

En base a esto último, el denunciante solicita que tanto Pablo Casado como su número dos, Teodoro García Egea, sean además llamados a declarar también en calidad de investigados.