Delgado maniobra para desactivar al fiscal que tumba los beneficios penitenciarios de los etarras

EH Bildu quiere que 2022 sea el año definitivo para los presos de ETA: culminar los traslados a cárceles vascas y avanzar en la puesta en libertad de más terroristas mediante la concesión del tercer grado. Pero hay una piedra en el camino de esa estrategia: los fiscales de la Audiencia Nacional, que han tumbado decenas de beneficios concedidos a los etarras. Los de Arnaldo Otegi han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que desactive a esos fiscales y no obstaculice los beneficios. Y la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado ya trabaja en ello.

En la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya lo asumen: las presiones de Bildu a Sánchez han dado fruto. Y eso se traducirá en cambios próximamente. Lo que está por ver es el alcance de esos cambios. Pero, según admiten fuentes jurídicas a OKDIARIO, es probable que las decisiones de Delgado afecten al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

El próximo mes de febrero finaliza el mandato de Alonso al frente de la Fiscalía de la Audiencia. Y al Gobierno se le abren varias opciones: sustituirle o renovarle en el puesto. Con estos últimos movimientos, en la Audiencia ya dan por sentado que no se optará por su renovación. De hecho, ya se buscan perfiles para su sustituto.

El objetivo último que tienen los de EH Bildu es acotar el margen de acción del fiscal que firma los escritos contrarios a los beneficios a presos de ETA: Carlos Bautista. Esos recursos llegaban a la Sala de lo Penal, que los respaldaba y confirmaba la anulación al entender que no había arrepentimiento real en los terroristas. Por tanto, no cabía concederles privilegios. El fiscal, que lleva en la Audiencia Nacional desde 2007, recibía en todas estas actuaciones el apoyo de su jefe, Jesús Alonso.

En la Audiencia no descartan que los cambios puedan afectar también a Bautista, aunque según advierten las fuentes consultadas «lo más probable es que se sustituya a Alonso por otro perfil más afín a la Fiscal General» y más abierta a la concesión de esos beneficios. Y que sea ese sustituto el que, en mayor o menor medida, obstaculice la labor de Bautista.

Alarma en Bildu

Las alarmas en EH Bildu saltaron el día en que se conoció que la Audiencia Nacional llamaba a declarar al ex jefe de ETA Mikel Antza, acusado de haber ordenado el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez. Un precedente que pone en peligro a todos aquellos que, hoy ya libres, formaron parte de la cúpula de la banda. Los de Otegi sabían que la Audiencia Nacional maneja una lista de 65 asesinatos que podrían ser imputables a los líderes de ETA.

Pero el malestar que arrastra Bildu venía desde atrás. La formación abertzale ha visto como, en los últimos meses, a decenas de etarras se les han tumbado progresiones de grado, del segundo al tercero, obtención de régimen de semilibertad, permisos e incluso excarcelaciones. Al etarra Unai Fano, que llevaba desde enero en libertad, le comunicaron que debía volver a prisión en septiembre. La Audiencia y los fiscales entendieron que su excarcelación había sido «prematura» y que su carta de arrepentimiento por los delitos cometidos era «utilitarista».

No era un hecho aislado: la Audiencia Nacional había iniciado un profundo proceso de revisión de todas las cartas de arrepentimiento firmadas por etarras, las mismas que les habían abierto la puerta a la obtención de beneficios por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En los textos, tanto jueces como fiscales comenzaron a detectar incluso párrafos que se repetían, síntoma de que los presos copiaban una carta base. No había nada de auténtico en esos arrepentimientos. Además, ni siquiera se dignaban a dirigirse directamente a sus víctimas, sino que encabezaban las cartas con un lacónico «a quien corresponda». Un impersonalismo que las anulaba a ojos de la Audiencia.