La cúpula del sanchismo rechazó en 2021 la amnistía por «antidemocrática» y por atacar al Poder Judicial

La plana mayor del sanchismo repudió en 2021 la amnistía que ahora defiende al gusto del independentismo catalán. Y no sólo eso: también cargó contra la exigencia de los secesionistas de una mediación internacional –los ahora denominados «verificadores»–, una propuesta que Sánchez ha incluido igualmente en el documento de investidura pactado con el prófugo Puigdemont. La vehemencia con la que el Gobierno sanchista criticaba hace dos años la propuesta de mediación era tan demoledora y al unísono que hasta el ministro catalán del PSC Miquel Iceta aparcó temporalmente su tradicional complacencia con el independentismo y le acusó de poner «en peligro» la «unidad de España».

Aquellas críticas salieron de la boca de lo más granado de la élite sanchista. Los mismos que este jueves se abrazaron literalmente a Pedro Sánchez para felicitarle con entusiasmo en el Congreso, por la investidura que acababa de recibir a cambio de aceptar lo mismo de lo que todos ellos renegaban hace un par de años.

Entre estos entusiastas abrazadores de hoy a los que sus propias palabras de ayer ponen en evidencia figuran Carmen Calvo, María Jesús Montero, Fernando Grande Marlaska, Adriana Lastra o Miquel Iceta.

Uno de los más precoces en atacar la amnistía que ahora aplaude fue Fernando Grande-Marlaska, siempre fiel a lo que manda el líder del sanchismo, aunque contradiga la toga de juez que guarda en su ropero. Corría el año 2019 y el independentismo ya propugnaba abiertamente un borrado general de sus culpas penales y económicas (malversación) por el procés. Faltaban aún dos años para que la pretensión la formalizaran como fallida proposición de ley en el Congreso, pero Marlaska –que colgó la toga de juez por la cartera de ministro del PSOE– era contundente al indicar, con conocimiento de causa –jurista–, que la amnistía «no está reconocida» en la Constitución y, por tanto, no cabe su aprobación.

Calvo: «Suprime el Poder Judicial»

De Carmen Calvo aún resuenan sus acusaciones contra los independentistas catalanes cuando, en marzo de 2021, presentaron la proposición de ley de amnistía y el sanchismo tocó a rebato para oponerse a ella. La entonces vicepresidenta del Gobierno, doctora en Derecho Constitucional y hoy diputada reprochó a los secesionistas que calificaran de «exiliados» a los que son «huidos de la Justicia». Decía que «para un Estado de derecho, aquí y en cualquier lugar del mundo», a Puigdemont y a quienes le secundaron en la fuga sólo se les podía calificar como «huidos», en ningún caso como «exiliados».

Carmen Calvo, de paso, acusó a Junts de intentar «romper la Constitución». Y remarcaba que la amnistía «no es planteable en un Estado constitucional y democrático», porque, entre otras cosas, «implicaría suprimir el Poder Judicial». Ahora, inquilina del escaño que le ha asegurado su jefe de filas en el Congreso, Calvo se deshace en sonrisas y cariños hacia Pedro Sánchez por lograr su investidura con el mayor de esos «huidos» del «Estado de derecho», al que además encumbra con la amnistía.

Iceta: «Peligra la unidad de España»

En aquella misma atmósfera de la primavera de 2021, el 17 de mayo para más señas, Miquel Iceta acusaba al independentismo de «poner en peligro» la «unidad de España» con los dos referéndums ilegales que organizó desde la Generalitat, el ensayo de 2014 –siendo presidente catalán Artur Mas– y el del golpe del 1 de octubre (1-O) de 2017. Por ellos se abrieron imputaciones no sólo penales sino también contables, por malversación de caudales públicos, que ahora entran en la amnistía pactada por Sánchez.

En mayo de 2021, Iceta censuraba indirectamente tal pretensión que ahora también aplaude con entusiasmo. Eso sí, en aquel momento formulaba la crítica trufada atacando al PP: «La unidad de España –dijo el socialista catalán– sólo ha estado en peligro cuando ha gobernado este país el PP», frase con la que censuraba al Gobierno de Rajoy por haber sido quien estaba al frente cuando desafió al Estado de derecho el independentismo que ahora es socio de referencia del PSOE.

Lastra: «No cabe en la Constitución»

Otra voz que se alzó vehementemente contra la amnistía fue la de Adriana Lastra, por entonces poderosa representante del sanchismo, vicesecretaria general del PSOE y portavoz de los socialistas en el Congreso. Insistió en que la amnistía «no tiene cabida» en la Constitución y «votaremos en contra». Ahora también la aplaude, entregada a su jefe de filas, al que se esmeró en felicitar con entusiasmo este jueves tras ganar la votación de investidura en el Congreso. Es la misma Lastra que hace dos años y medio se alineó con el informe de los letrados del Congreso, que al informar de la proposición de ley de amnistía que habían presentado los secesionistas subrayaban que, de aprobarse, «entraría en una contradicción palmaria y evidente» con la Constitución. En concreto, con el artículo 62 de la Carta Magna, que prohíbe los indultos generales.

«No hay conflicto con España»

Otro botón de muestra de que el sanchismo es consciente de que las cesiones a Puigdemont chocan con la Constitución son las declaraciones que el Gobierno de Pedro Sánchez lanzó por boca de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Corría también en la primavera de 2021 cuando Laya, en nombre del Ejecutivo, cargaba contra las aspiraciones del secesionismo a las que ahora Pedro Sánchez y su corte de diputados se entregan con entusiasmo para seguir en el poder. «Cataluña no está en conflicto con España», decía la entonces titular de Exteriores, «quien está en conflicto es el independentismo con su propia sociedad».

Respecto a la fórmula de los «verificadores internacionales» que ahora el PSOE impone al Estado de derecho para ganarse los votos sobre los que manda Puigdemont, González Laya decía lo siguiente hace un par de años en nombre del Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Ningún gobierno extranjero, ni la UE, ni la Comisión Europea, ni el Consejo del Parlamento Europeo y ninguna organización internacional han reclamado la necesidad de una intervención internacional para solucionar la situación por la que atraviesa Cataluña». Y para rematar, el Gobierno de Sánchez decía también por boca de su entonces ministra de Exteriores que el separatismo pretende una Cataluña excluyente. «En su Cataluña –dijo Laya– cada vez cabe menos gente». Y acusó a ERC y Junts de no competir por posiciones programáticas reales sino por «sillones».