El PP entregaba este miércoles una cuestión previa a la Mesa del Congreso sobre la Comisión Kitchen, tal como adelantó OKDIARIO, en la que, entre otras cosas, solicitaba que el magistrado del caso, Manuel García-Castellón, se pronuncie sobre la posible vulneración de la presunción de inocencia. Pero ya hace cuatro años que la Justicia dijo, en este caso a través de un acuerdo de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que el uso de documentación de una causa judicial abierta vulnera este derecho y no se podía utilizar. Por tanto, el Pleno del Congreso ya habría vulnerado la presunción de inocencia de los investigados, pues votaron una exposición de motivos que contenía frases literales de un informe de Anticorrupción.
Los populares explicaban en su escrito a la Mesa que «llama poderosamente la atención que en la exposición de motivos del acuerdo votado por el Pleno del Congreso, se haga referencia expresa a documentos que forman parte de las citadas diligencias». Asegura el PP que esas afirmaciones son la base de la exposición de motivos, y en cuyo contenido “se desglosa detalladamente llegándose a entrecomillar palabras y expresiones en él contenidas, e incluso recogiendo el nombre de las personas que son citadas en éste, lo que en todo caso, no sólo es una espuria utilización del contenido del informe de la Fiscalía, sino también una grave vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia que asiste a las personas mencionadas en el mismo”.
Gürtel
Las dudas planteadas por el PP referentes a la Comisión Kitchen no son baladíes pues en 2017 la Sección Segunda de la Audiencia Nacional negó al Congreso de los Diputados determinados informes de causas de corrupción vinculadas al PP. Los papeles fueron solicitados para ser utilizados en la Comisión de Investigación sobre la financiación ilegal del PP que se estaba celebrando en aquel momento en la Cámara Baja. Los magistrados de la Audiencia Nacional rechazaron, con cuatro votos a favor y uno en contra, el del juez José Ricardo de Prada, la petición de remisión de documentación.
Desde la Audiencia Nacional sólo se admitió entregar resoluciones judiciales, es decir, autos y providencias, pero no el resto de documentación porque “la cesión de la misma afecta a la presunción de inocencia que podría verse afectada por la investigación paralela” del Congreso.
Entre los motivos que se destacaron por parte de la Sección Segunda en aquella ocasión estaba el hecho de que la causa vinculada con los papeles de Bárcenas, ex tesorero del PP, pese a que en un principio había sido archivada por el magistrado Pablo Ruz, posteriormente fue reabierta por su sustituto José de la Mata, y estaba siendo investigada en el momento en que se requirieron los documentos.
Pero no sólo la Audiencia Nacional se ha pronunciado en este sentido, también lo hizo el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid. Su magistrado se negó a enviar los datos solicitados por la Cámara Baja sobre el pequeño Nicolás que desde el Parlamento se habían solicitado para la Comisión de Investigación referida a la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.
Fiscalía
En su día, hasta la Fiscalía General del Estado informó en contra de enviar partes del sumario de una causa abierta al Congreso. Sin embargo, ahora se abre la duda de qué hará la Fiscalía con una ex ministra del PSOE, Dolores Delgado, al frente de la misma. Podría darse el caso de que, con Delgado como cabeza del Ministerio Público, el criterio cambie con Kitchen. Sin embargo, la última palabra siempre estará en manos de los jueces. Eso sí, si la actual Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Podemos, decide elevar la consulta a los tribunales como le solicitan desde el Partido Popular, pues pueden rechazar la solicitud del PP y seguir adelante tal y como están ahora.
Por el momento, lo único que queda claro es que, con los pronunciamientos que ha habido hasta ahora por parte de la Justicia, el Congreso de los Diputados ya habría comenzado la comisión de investigación más esperada del año, la de Kitchen, vulnerando un derecho fundamental de cualquier imputado, su presunción de inocencia.
Por ello, en la cuestión previa del PP, le piden a García-Castellón que explique “cuáles son los derechos constitucionales que afectan a las personas que están siendo investigadas en el proceso judicial, y cuál es el alcance del deber de salvaguarda de los citados derechos por parte de la Comisión de Investigación constituida en el Congreso de los Diputados”.
