La cesión de Sánchez a Rabat amenaza al tomate español: Marruecos prepara macroplantaciones en el Sáhara

La cesión del Sáhara Occidental por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ante Marruecos tendrá efectos más allá de la política exterior. De hecho, esas consecuencias ya se están notando entre algunos sectores de la agricultura española, como el del cultivo de tomate. Marruecos superó por primera vez a España en 2022 en volumen de toneladas vendidas de esta fruta en los mercados europeos, y lejos de remontar la situación, los productores españoles ven una seria amenaza en el futuro inmediato: las megaplantaciones low cost -algunas son propiedad de Mohamed VI- que proyecta Marruecos en una zona del Sáhara. Instalaciones intensivas en un área que hasta 2021 España no reconocía como soberana de Rabat, y que cuando estén plenamente operativas en 2030 desbancarán definitivamente al tomate español, fuertemente afectado por la sequía y la inflación.

Marruecos sigue avanzando en su plan para convertir una zona desértica del Sáhara Occidental en los alrededores de la ciudad de Dajla, en uno de sus mayores centros de producción de tomates y otras frutas como melones. Un proyecto ya avanzado que forma parte de una estrategia denominada Generation Green 2020-2030. Pero los pasos que Rabat ha dado en este territorio, que aún no es oficialmente marroquí, ya suponen una seria amenaza al futuro de los tomates españoles.

Según los datos que maneja el sector, en 2022 el tomate marroquí ya superó en ventas al cosechado en España -especialmente en Almería- con un total de 558 millones de kilos. De los campos españoles llegaron a los mercados de la UE en esas mismas fechas 513 millones de kilos de tomates, según datos de Euroestacom. Aún lejos siguen los 644 millones de kilos producidos por los Países Bajos, primer productor europeo.

Este vuelco, según explican a OKDIARIO fuentes del sector hortofrutícola, no se habría podido producir sin la significativa cantidad de tomates que Marruecos está cultivando en esa zona del Sáhara y que llega a los lineales de los supermercados europeos con el sello de «producto de Marruecos», arrojando dudas sobre los controles fitosanitarios que han superado. Tal y como han constatado en el sector, la producción saliente de esos campos se ha disparado en los últimos años. Y lo seguirá haciendo gracias al respaldo internacional recibido a los planes de Rabat, entre ellos el del Gobierno de Pedro Sánchez.

En apenas una década, lo que antes eran arenas del desierto se ha transformado en un incipiente terreno para grandes extensiones de invernaderos. Donde antes no había nada, las imágenes por satélite muestran la aparición de parches bajo los que se esconden cientos de miles de plantas de tomate.

Se trata de explotaciones intensivas que pueden producir tomates a gran velocidad y, sobre todo, con una brutal reducción de costes respecto a los que tienen que afrontar los productores españoles. Especialmente en cuestiones fiscales y en mano de obra, que calculan en hasta 12 veces menos el jornal.

Propiedad de Mohamed VI

Sin embargo, algunos mercados penalizan la exportación de cosechas procedentes de explotaciones marroquíes en el Sáhara. Es el caso de países como Suecia, Finlandia o Noruega, que optan por no comprar estos productos. La UE les abrió las puertas a través de un acuerdo firmado con Marruecos en 2012, que luego puso en entredicho una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016, alegando que lo producido en el Sáhara no puede ser considerado marroquí. Rabat respondió amenazando con revertir los «flujos migratorios» y Bruselas dio marcha atrás: vía libre a que lo cultivado en Sáhara llegue al supermercado de Lisboa, Berlín, Madrid o Amsterdam.

Para evitar cualquier tipo de veto, toneladas de tomates son trasladados por tierra hasta centros logísticos de la zona de Agadir, donde se mezclan con tomates producidos en Marruecos y se etiquetan como tal. De ahí, parten en barco desde el puerto de Tetuán hacia puertos europeos, incluido el de Algeciras.

El conglomerado empresarial que explota estas macroplantaciones en Dajla está formado por firmas marroquíes y francesas como Rosaflor, Soprofel, Azura y Les Domaines Agricoles.  Esta última es propiedad directa del Rey Mohamed VI, gestionada a través del consorcio real Siger. De hecho, fue la pionera en el cultivo de tomates en invernaderos en esta zona.

Apoyo español

El pasado mes de febrero, como consecuencia de la reunión de alto nivel (RAN) en Rabat entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Marruecos, España se comprometió a realizar inversiones por valor de 800 millones de euros para dinamizar diversos sectores económicos en el país vecino, entre ellos, el agrícola. El Gobierno de Pedro Sánchez evitó en todo momento confirmar si parte de esas ayudas irían destinadas a proyectos en el suelo saharaui.

Ese dinero ha comenzado a fluir rumbo al sur y tendrá un impacto importante en la agricultura marroquí. El pasado mes, el Consejo de Ministros daba luz verde a financiar con cinco millones de euros la construcción de dos plantas potabilizadoras de agua en las localidades marroquíes de Zag y Moulay Brahim. Además, España se hará cargo durante cinco años de los costes de su mantenimiento.

Se trata de dos instalaciones que operan con el sistema de ósmosis inversa, que pueden convertir en agua potable aquellas aguas con alto contenido en sal. Según ha asegurado el Gobierno, se trata de una iniciativa «de importancia estratégica» para las relaciones bilaterales entre ambos países.

Marruecos, mientras, tiene en marcha otras iniciativas similares para paliar los efectos de la sequía que, como en España, también está afectando a la producción agrícola local. En Dajla, el epicentro del plan marroquí para conquistar el mercado comunitario del tomate, se está planificando la construcción de una desaladora para asegurar el suministro de agua a las plantaciones (por valor de 180 millones de euros) y se prepara una ampliación del puerto para permitir llevar directamente el producto en barco y reducir aún más los costes. De momento, se desconoce si alguna de esas iniciativas cuenta con financiación o apoyo español de algún tipo.

Recientemente, el Gobierno de Pedro Sánchez también defendió la ayuda de 115 millones de euros entregada por la UE a Marruecos para impulsar su producción de aceite de oliva. Otro frente abierto para los agricultores españoles.