Celaá dice que la familia de Franco ha tenido más garantías con la exhumación que sus víctimas

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Celaá ha reconocido que el procedimiento para la extracción de los restos de Francisco Franco de la basílica de Valle de los Caídos ha sido más largo que lo que en principio pensó el Ejecutivo y ha asegurado que «si tiene tiempo» antes de concluir su mandato cumplirá con la exhumación.

En todo caso, ha dejado claro que el Gobierno, como autoridad civil dentro de un Estado de Derecho, tiene toda la potestad para acceder al templo donde está el cuerpo de Franco desde 1975: «No hay ninguna duda de que el poder Ejecutivo tiene la facultad para exhumar los restos de Franco».

Es más, ha apuntado que si la cúpula de la Iglesia se «sometiera» a los deseos del prior de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, opuesto al traslado de los restos del dictador, «tendría un daño reputacional como institución de magnitud significativa».

«No lo va a hacer. La cúpula conoce la facultad del poder civil para poder hacerlo», ha remarcado en cualquier caso la ministra.

Una convicción que a su entender confirma la carta remitida al Gobierno por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, puesto que en ella explica que la Iglesia «no se opone» a la exhumación, al margen de que contenga otras reflexiones.

Isabel Celaá ha hecho hincapié en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en todo este asunto el Gobierno «ha cumplido» no solo con el mandato de la resolución aprobada por el Congreso en 2017 sino también con el propio decreto ley del pasado mes de agosto que abrió el procedimiento administrativo encaminado a la exhumación.

Un camino que se ha alargado más de lo que pensaba el Gobierno pero que ya está llegando a su final, ha señalado, a expensas de que venza el plazo de quince días dado a los familiares de Franco para que determinen el lugar donde quieren que sean inhumados sus restos.

Ha insistido la ministra en el esfuerzo «garantista» que ha hecho el Ejecutivo y ha apuntado que para las «garantías finales» queda el trabajo de Tribunal Supremo, si es que la familia recurre ante esta instancia judicial para intentar paralizar el traslado del cadáver.

Por otro lado, Isabel Celaá ha atribuido a «razones obvias» la decisión de Patrimonio Nacional de retener la subvención anual de 340.000 euros a la Abadía del Valle de los Caídos hasta que no presente un presupuesto equilibrado y veraz que pueda ser analizado contablemente.