Doce fiscales piden salir ya de Cataluña por el “insoportable acoso” del separatismo

Pablo Llarena
Pintadas realizadas por la CUP ante la casa del juez Pablo Llarena en Gerona.
Carlos Cuesta

La fuga de cargos judiciales en Cataluña continúa por el «insoportable acoso» del separatismo. Si hasta ahora las peticiones de salida habían afectado a jueces y magistrados, ahora son ya los fiscales los que han solicitado destinos cercanos pero fuera de la comunidad autónoma tocada por el golpe separatista.

Los 12 fiscales han solicitado ya plaza, principalmente en Alicante, Valencia o Murcia. Y se les irán asignando a medida que se vayan abriendo huecos en esos destinos. Se trata de un capítulo más de salida masiva de puestos judiciales. Y de un capítulo que tiene una explicación principal como telón de fondo: el clima generado por culpa del golpismo separatista y por el adoctrinamiento independentista generalizado en las escuelas.

De hecho, desde que se inició la recta final del golpe separatista en septiembre del año pasado, no han sido sólo los fiscales, sino también los propios jueces los que han decidido abandonar esta tierra de forma masiva. En total, 47 jueces se han ido de Cataluña en cerca de un año.

Esta última cifra, aparece plasmada en el informe de la Asociación Profesional de la Magistratura. Un documento en el que señala, además, que sólo cuatro jueces se han incorporado en ese periodo de tiempo a distintas plazas judiciales en Cataluña.

Pintura en la casa del juez Llarena y excrementos a la puerta de los juzgados

El ambiente no puede ser más extraño en el área judicial en estos momentos en la región de Cataluña. Las presiones a los cargos judiciales se han convertido en habituales y uno de los últimos episodios se ha plasmado en un dantesco vertido de excrementos esparcidos en varios juzgados de la región en los últimos días y de pintadas amenazantes en el domicilio en San Cugat del juez instructor del Supremo que ha llevado el caso del 1-O, Pablo Llarena.

Llarena, de hecho, lleva un año sufriendo amenazas y coacciones sin que se haya desarrollado ningún plan especial del Ejecutivo para reforzar la seguridad. Tampoco ha habido detenidos relacionados con estos ataques.

El Consejo General del Poder Judicial ha reaccionado ya con un comunicado en el que ha solicitado «medidas de protección adecuadas de los Jueces y Magistrados que prestan servicio en Cataluña». También ha pedido a la Fiscalía y a Interior que actúen y adopten «todas las medidas para la persecución de las personas y grupos que han participado en esos hechos delictivos».

Ahora son los fiscales directamente los que han empezado el éxodo ante el evidente nivel de presión y amenaza bajo el que se vive en Cataluña, especialmente y en el caso de su profesión cuando los casos sobre los que tienen que decidir son asuntos relacionados con el separatismo o con las actuaciones radicales de los golpistas.

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