Llarena pide a la Fiscalía que informe sobre la investigación a Jové y Salvadó por rebelión en el TS

Josep María Jove
Josep Maria Jové y Oriol Junqueras. (Foto: EFE)

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la posible investigación a los excargos de la Generalitat, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó en la causa que instruye por presunta rebelión, sedición y malversación contra el Govern de Carles Puigdemont y miembros de la anterior Mesa del Parlament.

El magistrado de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, elevaba al Supremo una exposición razonada en la que pedía a Llarena investigar a Jové, ex secretario general de la Conselleria de Vicepresidencia y Economía y Hacienda, y a Lluís Salvadó, ex secretario de Hacienda, ambos diputados de ERC en el Parlament en la actual legislatura.

El juez hacía esta petición al considerar que los dos ex cargos del Govern pueden ser responsables de un presunto delito de rebelión porque, a su entender, “aceptaban plenamente la posibilidad de que para el logro de sus fines se requiriesen actos de violencia” al acudir a la vía de la declaración unilateral.

En su escrito, constataba la “relevancia capital en la preparación logística del referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 y también económica en el diseño de la Hacienda Pública Catalana” de estos dos políticos, integrantes del ‘comité estratégico’ del proceso soberanista.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona considera que, por su condición de aforados, al ser diputados en el Parlament, la causa contra ellos solo puede seguirse en el Tribunal Supremo en el caso de investigarles por rebelión, y si no, deberá investigarles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Jové y Salvadó fueron detenidos el 20 de septiembre en la operación de la Guardia Civil ordenada por el Juzgado de Instrucción 13 para evitar la organización del 1-O, y actualmente están investigados en dicho juzgado.

Ramírez Sunyer expone en su escrito los indicios recabados contra Jové y Salvadó en los registros que se efectuaron ese día en sus domicilios y despachos, y cita el documento ‘Enfocats’ con el plan soberanista y las agendas Moleskine de Jové, entre otras pruebas.

Lluís Salvadó
El diputado de ERC, Lluís Salvadó, saliendo de la sede del partido republicano catalán.

Indicios contra ambos

Entre otros indicios, alude a dos hojas manuscritas halladas en el despacho de Salvadó con los títulos ‘Escenari Guerra’ y ‘Escenari Guerrilla’, donde se contemplan dos posibilidades distintas sobre las medidas a adoptar por el Govern según la intensidad de reacción del Estado, especialmente en el ámbito económico, según el juez.

Además, en el despacho de Jové se intervino un documento con anotaciones manuscritas que muestra su posición en el proceso soberanista “y que resulta determinante en los preparativos del referéndum”, con anotaciones como: ‘Anuncio de la preparación del referéndum como contraataque catalán a la presión judicial. Yo anunciaría un proceso participativo y festivo en todo el país para fabricar urnas…’.

Al analizar el documento ‘Enfocats’, anotaciones y conversaciones intervenidas, el juez sostiene que existen “indicios suficientes sobre la participación de Jové en la ideación, desarrollo y ejecución de la ‘hoja de ruta’ hacia la independencia y la proclamación de un nuevo estado”.

Concretamente, cita una conversación con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, sobre la instalación de colegios electorales en Barcelona por el 1-O y otra con el entonces conseller de Salud Toni Comín, que gestionaba los locales donde instalar colegios y que plantearon poder hacerlo en Centros de Atención Primaria (CAP).

Sobre Salvadó, afirma que “no solamente tenía puntual conocimiento de las actividades de su departamento sino que resultaba un elemento imprescindible para la distribución, obtención y la ocultación en la mejor forma posible de la financiación de todo lo relacionado con el llamado ‘procés”, una financiación que se hizo a través de contratos marco generados en 2015, quedando así fuera del mayor control de la Administración Tributaria Española del segundo trimestre de 2017.

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