La Generalitat gastaba 2,3 millones anuales en cargos dedicados a difamar a España en el extranjero

La Generalitat gastaba 2,3 millones anuales en altos cargos dedicados a difamar a España en el extranjero. No había dinero para pagar los bonos patrióticos o para reducir las listas de espera en la sanidad, pero sí para acumular un listado de 33 altos cargos que, cada año se gastaban casi dos millones y medio de euros en trabajar, exclusivamente, al servicio de vender en medio mundo las bonanzas de una Cataluña independiente y las maldades de España. Este gasto se debería sumar al avanzado ayer por OKDIARIO, el del propio ex presidente Puigdemont, ahora fugado, que destino buena parte de su 1,6 millones de euros de derroche anual a viajes en el extranjero para denigrar la imagen de una España unida.

Se trata de los datos a los que está accediendo la Justicia tras la aplicación del 155 y el inicio del volcado de información para determinar cómo financiaron los golpistas el avance de su plan de ruptura y el 1-O.

En esos datos se puede observar que solamente en el denominado por ellos Departamento de Exteriores, había siete nóminas de altos cargos. La de Raül Romeva, con un sueldo de 109.663 euros anuales; la de Aleix Villatoro (84.920 euros); Ivan Altisent (74.379 euros); María Badía (84.920 euros); Manuel Vila (81.396 euros); Marina Borrell (81.396 euros); e Isidre Sala (81.396 euros). A este departamento estaban adscritos otros 273 funcionarios (42 en el exterior) cuyos sueldos no llegaban al nivel de altos cargos pero que sumaban al coste general de la Generalitat otros 15,6 millones de euros.

Por debajo de este departamento central se encontraban en el organigrama las famosas ‘embajadas’ -Delegaciones del Govern en el exterior-. Allí se encontraban directivos como Amadeo Altafaj, Martí Anglada, Sergi Marcén, y otros nueve responsables de cada sede en un país extranjero. Los territorios con presencia directa eran Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México, Austria, Eslovenia, Italia, Cerdeña, Portugal, Dinamarca, Polonia, Croacia, Marruecos y Santa Sede. Además, había otra en Ginebra para mantener presencia en “Naciones Unidas y otros organismos internacionales”.

Luego aparecían las fundaciones, consorcios y demás entes donde se ubicaban otros once altos cargos. Y, por último, representantes de asociaciones de la sociedad civil que, en teoría, no cobraban dinero. Entre ellas se encontraba, por supuesto, una representante de la Asamblea Nacional Catalana -Montserrat Daban, persona sobre la que OKDIARIO ya ha avanzado que estaba, además, contratada por otra fundación-.

Un ejército de funcionarios

En cada uno de estos niveles, de nuevo, se iban sumando un ejército de funcionarios que, no eran altos cargos, pero que sumaban de forma conjunta nada menos que 1.717 puestos de trabajo y una partida de costes laborales total de nada menos que 74,1 millones de euros anuales. Y todos ellos con un objetivo: triturar la imagen de España en el exterior y sembrar el mensaje del “España nos roba”. Porque, como ellos pretendían hacer creer por medio mundo, “Cataluña sería independiente”.

Con los costes de los viajes, de las embajadas en el extranjero, de las comidas, dietas, protocolo y funcionamiento diario, y del personal, los gastos de la maquinaria exterior ascendían cada año a la locura de 265,6 millones de euros. Y todo ello, mientras se afirmaba que no tenían dinero y necesitaban de rescates permanentes de toda España año tras año.

El Tribunal Supremo ha sentenciado ya que la disolución de esta tremenda plataforma de gasto y difamación debe mantenerse y avalarse. Con lo que ha mantenido la liquidación del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, acordada por el Gobierno de España en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha denegado la medida cautelar solicitada por la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) para que quedara en suspenso la supresión del Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), porque, como argumenta en su escrito, el Gobierno goza de capacidad más que suficiente para cerrarlo y desmantelarlo. Especialmente a la vista de su organización y del fin del 155: zanjar los comportamientos contrarios al interés de España.