El Constitucional suspende por unanimidad la investidura telemática de Puigdemont

El Tribunal Constitucional ha dictado por unanimidad una providencia en la que prohibe expresamente que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat telemáticamente o por delegación (es decir, representado por otro diputado).

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En su resolución, los magistrados del TC advierten que “no podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario”.

De hecho, aunque Puigdemont decida acudir al Parlament, tampoco podrá ser investido salvo que lo autorice expresamente un juez: «No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión», indica el auto del TC.

Del mismo modo, el Alto Tribunal prohibe expresamente que Puigdemont y  los cuatro ex consellers que permanecen en Bruselas, huidos de la Justicia, deleguen su voto en la sesión de investidura: “Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios”.

No pueden delegar su voto desde Bruselas

El Constitucional declara «radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas en esta resolución».

El auto será notificado personalmente a los siete miembros de la Mesa del Parlament que preside el independentista Roger Torrent con la advertencia expresa de que, si deciden desoír esta resolución y seguir adelante con la sesión convocada para el próximo martes, todos sus miembros incurrirán en un delito de desobediencia.

Esta es la solución de consenso a la que han llegado los doce magistrados del Constitucional, para resolver las discrepancias internas sobre la conveniencia de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno (una decisión que ha quedado por el momento aparcada).

Tanto los letrados del TC como el ponente, Juan Antonio Xiol, se oponían a admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de forma preventiva, es decir, antes de que se haya consumado la investidura de Puigdemont, que permanece huido de la Justicia, imputado por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Un «fraude a la Constitución»

Ahora el Constitucional aparca la decisión de admitir o no a trámite el recurso del Gobierno, y se da un plazo de diez días para resolver las alegaciones que habían presentado los diputados independentistas (entre ellos, el propio Puigdemont desde Bruselas).

El pleno del TC, que se ha iniciado a las 13:00 horas de este sábado, tenía la difícil tarea de debatir sobre el texto de 42 páginas presentado por el ejecutivo de Mariano Rajoy -que no obtuvo el visto bueno del Consejo de Estado-, cuyas consecuencias van a marcar el devenir de las próximas semanas en la política catalana y nacional. Una vez decida si admite a trámite el recurso del Gobierno, el Constitucional tendrá un plazo de cuatro meses para dictar su resolución definitiva (en la que establecerá si es inconstitucional investir presidente a Puigdemont).

Durante este tiempo, el Ejecutivo de Rajoy mantendrá intervenida la Generalitat en aplicación del artículo 155 (la autorización aprobada por el Senado establecía que seguirá en vigor hasta que sea elegido un nuevo presidente del Ejecutivo autonómico). De acuerdo con la Ley, si antes del próximo 6 de febrero no ha sido elegido el nuevo presidente de la Generalitat, deberán celebrarse nuevas elecciones autonómicas en Cataluña.

En el recurso elaborado por la Abogacía del Estado, el Gobierno señala que la situación procesal de Carles Puigdemont –que permanece huido de la Justicia, imputado por los delitos de sedición y rebelión– es “compatible” con su comparecencia en el Parlament para ser investido presidente.

La extrema derecha flamenca

El Gobierno recuerda que Puigdemont ya ha anunciado que no tiene intención de acudir al Parlament, ya que sería detenido en cuanto pise suelo español, por lo que su investidura constituye  un “abuso de derecho o fraude a la Constitución.

El propio reglamento de la Cámara exige la presencia del candidato a presidente para defender su programa de gobierno, tal como han advertido los letrados, pese a lo cual el presidente del Parlament, Roger Torrent, parece decidido a llevar a cabo una “investidura telemática“, con Carles Puigdemont saludando a los diputados a través de una pantalla de plasma.

Este mismo sábado trascendía que Carles Puigdemont pretende participar en el debate de investidura desde el Parlamento flamenco, donde tiene como principales aliados a los partidos xenófobos de extrema derecha Vlaams Belang y Nueva Alianza Flamenca (N-VA).

Pese a estar huido de la Justicia, el propio Puigdemont ha pedido personarse a través de sus abogados en el procedimiento abierto por el TC que debe decidir si su investidura es inconstitucional.