Sanidad adjudica el registro de vacunación tres semanas después de empezar la campaña

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado esta semana el contrato de externalización, por vía urgente y negociado sin publicidad, para la creación de un registro de vacunación con el que tener datos precisos de cuántos españoles ya se han sometido a la campaña de inmunización frente al coronavirus. Según admitía Sanidad en la documentación del contrato, era «imprescindible» que este sistema estuviese listo y operando «como muy tarde en noviembre», de cara al inicio de las vacunaciones en diciembre. Llega dos meses tarde.

El Gobierno comenzó a diseñar su idea de registro de vacunación el pasado mes de septiembre, cuando inició los trámites para buscar una empresa capaz de realizar este tipo de trabajo. Una labor para la que el Ministerio de Sanidad, según figura en el contrato que ha podido consultar OKDIARIO, aseguró no disponer de medios propios. Ni humanos ni técnicos, alegaron en la documentación.

El proceso culminó el pasado sábado 9 de enero, con la publicación en el BOE de la formalización de este contrato con la firma Capgemini España S.L. por un total de 128.720 euros. La adjudicación figura en los registros públicos de contratación del Estado con fecha del 30 de diciembre, y un día después, el 31 de ese mes, se formalizó el contrato.

Sin embargo, Sanidad llega tarde hasta para sus propios plazos. En la memoria justificativa del contrato se especifica, textualmente, que » a la vista de las nuevas necesidades planteadas por el principal órgano de decisión del SNS, es imprescindible comenzar a la máxima brevedad los trabajos dirigidos a definir, implantar y operar el sistema de información que permita gestionar este registro de vacunación, debiendo estar disponible como muy tarde en el mes de noviembre».

Vuelve a insistir la memoria en que «no es posible resolver la contratación por otros procedimientos menos restrictivos, pues los plazos necesarios para la formalización del expediente son incompatibles con la necesidad de contar con los servicios requeridos a la mayor brevedad y así contar con un registro de vacunación operativo para las fechas indicadas».

El sistema de registro de vacunación, por tanto, llega prácticamente dos meses después de la fecha tope que marcó Sanidad, teniendo en cuenta -como refiere dicha memoria- que el Ministerio ya trabajaba el pasado mes de septiembre «con escenarios en los que podría ser factible que las primeras dosis estuvieran disponibles ya en el mes de diciembre de 2020».

La creación de este registro de vacunación se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 9 de septiembre tras propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El proyecto buscaba mantener controlada la información sobre la campaña de vacunas que fueran realizando las distintas comunidades autónomas.

«Este registro deberá permitir realizar un seguimiento adecuado de la vacunación frente a la infección. El objetivo de este registro es tener constancia de las dosis y de los tipos de vacuna que se van administrando y en qué grupos de población se va aplicando. Además, podrá utilizarse para calcular las coberturas de vacunación que se vayan alcanzando de manera paulatina y permitirá hacer un seguimiento de su efectividad y seguridad», especificaba el acuerdo.

Una ‘lista negra’

Sobre este registro planea una sombra de sospecha acerca de si el Gobierno va a llevar la cuenta de qué ciudadanos se han vacunado y cuáles no. Sobre todo respecto a este último grupo, ya que como reconoce textualmente el documento que contiene la «Estrategia de vacunación frente al COVID-19 en España» incluye una recomendación al respecto.

En el apartado ‘Voluntariedad de la vacunación’ de este documento, que articula cómo deberá ser la campaña de inmunización en toda España, se advierte que «se considera importante registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población».

Una redacción que levantó suspicacias, ya que el proyecto apuntaba a una posible ‘lista negra’ de ciudadanos que se negasen a recibir la vacuna. Según el Gobierno, quería conocer este tipo de casos para analizar las reticencias, pero la duda ya estaba sembrada.