El caos migratorio de Sánchez cuesta a las islas 160.000 € al año sólo en la destrucción de pateras

El Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado 160.000 euros en este 2024 por el descontrol de la inmigración que han vivido las islas Canarias y Baleares. Tres administraciones dependientes del Ejecutivo socialista han licitado tres contratos públicos para pagar el servicio de «destrucción de embarcaciones» destinadas a la entrada ilegal de inmigrantes en España. Se trata de un problema que afecta, en mayor medida, a los archipiélagos de nuestro país.

Mallorca

El primero de los contratos lo adjudicó en julio la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares por un valor de 55.123,75 euros, impuestos incluidos, para la «retirada y destrucción de embarcaciones dedicadas a la inmigración irregular (pateras) en la isla de Mallorca». En su memoria justificativa, el Ejecutivo de Sánchez admitía la «insuficiencia de medios» para realizar ese servicio. «No se dispone de personal especializado en el transporte y tratamiento de dichos residuos, ni de las adecuadas instalaciones necesitarías [sic] para el fin que se pretende», establecían los documentos oficiales.

La empresa adjudicataria de este trabajo fue Adalmo SL. La sociedad debía retirar, en primer lugar, el motor, cuya venta queda «totalmente prohibida» como «unidad íntegra» cuando se extraiga del resto de la embarcación. Está «obligada al desmontado total de las piezas del motor de forma que estas queden perfectamente separadas» para impedir su funcionamiento.

En segundo lugar, para el «resto de la embarcación» tendrá que realizarse «la destrucción y eliminación total». Eso sí, la empresa tiene que garantizar «la protección del medio ambiente» durante ese proceso. Y es que, para la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares, la principal motivación esbozada en la memoria justificativa para esta contratación es el «ejercicio de responsabilidad medioambiental». Todo para evitar «la acumulación de pateras» y lograr «la retirada de este tipo de residuos por empresa legalmente autorizada». En definitiva, cumplir «con los necesarios controles medioambientales».

Ibiza y Formentera

Por otro lado, la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, dependiente del Ministerio de Política Territorial del ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha adjudicado a finales de año un contrato «para la retirada y destrucción de embarcaciones dedicadas a la inmigración irregular (pateras) en las islas de Eivissa y Formentera». La empresa encargada de ofrecer este servicio recibirá 40.161,17 euros de las arcas públicas.

La sociedad Herbusa, S.A.U. tendrá tres meses para destruir las pateras llegadas a estas dos islas «de forma rápida». En total, se enumeran 19 pateras ubicadas en el puerto de Ibiza y 48 en Formentera. Aun así, el Gobierno reconoce que es «imposible conocer el coste real del servicio y, por lo tanto, ajustarlo al importe de adjudicación que resulte para este contrato».

A las islas Baleares han llegado 5.860 inmigrantes en lo que va de año y hasta los últimos días de 2024. Esto implica más de doble de entradas ilegales que el año anterior. En 2023 fueron 2.278 personas las que llegaron a las costas del archipiélago.

Canarias

En el caso de las Islas Canarias, el contrato se adjudicó en septiembre y tiene un objeto similar: «Contratación de los servicios de destrucción de embarcaciones intervenidas en las Islas Canarias». La entidad que contrata es la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. El coste de esta adjudicación se elevó hasta los 64.093 euros, impuestos incluidos.

El trabajo lo realiza la empresa Excavaciones Graval S.L. y responde, como asegura la memoria justificativa del contrato, al problema «de almacenamiento, custodia y destrucción de este tipo de medios de navegación».

Los documentos oficiales aseguran que existen «aproximadamente 300 embarcaciones pendientes de ser destruidas». Estas naves «ocupan espacios en playas, costas y puertos, ocasionando graves perjuicios tanto al tráfico marítimo interinsular como al medioambiente», argumenta la memoria justificativa.

El último informe del Ministerio del Interior sobre flujos migratorios en España, del 15 de diciembre de 2024, reflejó que, en este 2024, había aumentado la entrada ilegal de personas en Canarias. El número ha crecido en un 18,6%. Mientras que el ejercicio anterior arribaron 36.888 inmigrantes ilegales hasta la primera quincena de diciembre, en 2024 han sido 43.737 personas.

Segundo año con más inmigración

Este 2024 ha sido el segundo año con más llegadas de inmigrantes ilegales. Tal y como ha informado Interior, hasta el 15 de diciembre se han registrado hasta 60.216 llegadas a suelo español, un 14,5% más que en 2023. Este ejercicio sólo se queda detrás del 2018, año en el que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, cuando entraron 64.298 inmigrantes en nuestro país.

Éste es el penúltimo informe que publica el Ministerio del Interior, que dará a conocer los datos definitivos de inmigración en 2024, incluyendo la última quincena de diciembre, una vez que se hayan registrado estos últimos datos.