La fiscal de Púnica, envuelta en una trama de “manipulación” de pruebas ligada al ‘caso Odebrecht’

La fiscal anticorrupción Teresa Gálvez, que ha llevado la acusación del Ministerio Público contra dirigentes del PP de Madrid en la trama Púnica, está involucrada en la trama Vazajato, en la que varios fiscales intercambiaron a través de Telegram –canal no oficial– pruebas claves de la Operación Lava Jato («Lava Coches», en portugués), alterando el procedimiento y provocando la posible nulidad del mayor escándalo de corrupción y blanqueo de dinero de la historia de Iberoamérica que acabó con Lula da Silva en la cárcel. Así lo ratifica el juez brasileño Eduardo Fernando Appio en un escrito –al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO– dirigido al fiscal general del Estado, Álvaro García, por el cual solicita que se abra un expediente disciplinario a la fiscal de Púnica.

La Justicia Federal de Brasil revela que la fiscal anticorrupción Gálvez está «involucrada en los diálogos de la trama Vazajato». Esta causa fue desvelada por la revista norteamericana The Intercept en la que se publicaron chats privados de Telegram, grabaciones de audio, videos y fotos entre el fiscal Deltan Dallagnol y el ex magistrado y ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, quien en 2017 condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por recibir una casa en la playa de Sao Paulo a cambio de favores políticos.

En esas conversaciones hay varios fiscales implicados, entre ellos la fiscal española Gálvez, que debido a las «faltas graves, comportamiento poco ético y engaño sistemático» han puesto en tela de juicio la imparcialidad de la investigación y, pese a existir pruebas contundentes contra Lula da Silva por corrupción, ahora el presidente brasileño podrá quedar impune debido a la mala actuación de los investigadores.

Expediente disciplinario

El juez brasileño Eduardo Fernando Appio, del 13º Juzgado Federal, responsable de la operación policial Lava Jato, también solicita al fiscal general del Estado Álvaro García que abra un expediente disciplinario a la fiscal de Púnica por «falta de cooperación» con las autoridades de Brasil. Y es que, esta fiscal ejerce la acusación en la causa Odebrecht, rama en España de la operación Lava Jato que salpica a 12 países, y en la que el principal acusado es el ciudadano hispano-brasileño Rodrigo Durán Tacla al que el Ministerio Público le acusa de blanquear a través de empresas ubicadas en Pontevedra más de 100 millones de euros de la red internacional.

Sin embargo, las autoridades brasileñas han solicitado a España asumir la investigación de todo el procedimiento. En una comisión rogatoria, Brasil pone en conocimiento de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia, que tiene competencia para enjuiciar a los procesados en la Audiencia Nacional en el marco de la trama de corrupción Lava Jato, al entender que las autoridades brasileñas son «titulares de la Jurisdicción para el enjuiciamiento» así «revoca la cesión de jurisdicción a las autoridades españolas y reclama que el procesado Rodrigo Duran Tacla sea Juzgado en Brasil». Evitando de esta manera el bis in idem, principio que excluye que puedan imponerse dos sanciones a una persona por los mismos hechos.

Diez días después, el 27 de marzo, el magistrado también comunicó a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, la decisión del Supremo Tribunal de Brasil que determinó la suspensión de las acciones penales en contra Rodrigo Duran Tacla, «en virtud de la declaración de nulidad de las pruebas» debido a la «mala praxis» de los investigadores que alteraron la causa matriz en Brasil. Sin embargo, estos requerimientos han sido «ocultados», según fuentes consultadas, por la fiscal al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Odebrecht. Motivo por el que el juez brasileño se queja al fiscal general de España por «falta de cooperación» y solicita que se expediente a la fiscal Gálvez.

Granados la denunció

Hay que recordar que el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el agente de la Guardia Civil José Luis Caro, condenados a dos y un año y seis meses de cárcel, respectivamente, en la pieza del chivatazo del caso Púnica, también denunciaron a las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá por la presunta comisión de delitos de cohecho, omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación.

El escrito de 97 páginas, publicado por OKDIARIO, fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), órgano competente debido al aforamiento de las denunciadas. En el documento, el ex consejero popular explicó que en la pieza principal del caso Púnica, denominada El Chivatazo, las «dos miembros de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada ahora denunciadas decidieron ofrecer a David Marjaliza; a la secretaria de éste, Ana María Ramírez, y a otro empleado, Eduardo de la Peña; retirar la condición de la acusación formulada contra ellos a cambio de que los mismos se comprometiesen a deponer en el acto del juicio oral en perjuicio de mi representado a los efectos de obtener una sentencia condenatoria del mismo».

De esta manera, según expuso Granados en la denuncia, los tres investigados pasaron a ocupar la figura de testigos y quedaron impunes en el proceso. El denunciante defendió que las fiscales cometieron un delito de omisión de perseguir delitos al no formular acusación contra estas tres personas que en un principio fueron investigadas, sin embargo, el TSJ de Madrid archivó la causa.

Estas fiscales también decidieron emprenderla contra las ex presidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Solicitaron al juez Manuel García-Castellón la imputación de ambas en la trama Púnica y un año después, tras pasar por la Audiencia Nacional, el Ministerio Público tuvo que pedir el archivo de la imputación porque no había indicios que lo sustentaran.