Granados denuncia a las fiscales de Púnica por prevaricación y cohecho

El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el agente de la Guardia Civil José Luis Caro, condenados a dos y un año y seis meses de cárcel, respectivamente, en la pieza del chivatazo del caso Púnica, han denunciado a las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá por la presunta comisión de delitos de cohecho, omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación.

El escrito de 97 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, ha sido presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), órgano competente debido al aforamiento de las denunciadas. En el documento, el ex consejero popular explica que en la pieza principal del caso Púnica, denominada El Chivatazo, las «dos miembros de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada ahora denunciadas decidieron ofrecer a David Marjaliza; a la secretaria de éste, Ana María Ramírez, y a otro empleado, Eduardo de la Peña; retirar la condición de la acusación formulada contra ellos a cambio de que los mismos se comprometiesen a deponer en el acto del juicio oral en perjuicio de mi representado a los efectos de obtener una sentencia condenatoria del mismo».

De esta manera, según expone Granados en la denuncia, los tres investigados pasaron a ocupar la figura de testigos y quedaron impunes en el proceso.

Sin embargo, el denunciante defiende que las fiscales cometieron un delito de omisión de perseguir delitos al no formular acusación contra estas tres personas que en un principio fueron investigadas. «Las dos representantes del Ministerio Fiscal les sacaron del proceso judicial, con anterioridad a la fase de juicio oral, a los efectos de utilizar sus declaraciones en calidad de testigo en el acto del plenario como prueba de cargo contra mi representado», señala el escrito elaborado por el abogado de Granados.

Por ello, prosigue, la razón por la que no fueron acusados, sino que intervinieron en el acto del plenario como testigos, es porque «llegaron a un pacto con el Ministerio Fiscal, el cual, a cambio de que los mismos depusieran en el acto en contra de mis representados, les ofreció la retirada de la acusación».

La Audiencia Nacional condenó al ex dirigente regional del PP a dos años de cárcel, y al guardia civil José Rodríguez Talamino y al ex agente en excedencia José Luis Cara a un año y seis meses de prisión por el chivatazo que el primero dio al político de que se le estaba investigando, y ocasionaron un grave daño a las investigaciones que se estaban llevando en la trama Púnica.

Beneficiados

Granados explica en su denuncia que Marjaliza y las dos personas que trabajaban para él (Ana Ramírez y Eduardo de la Peña) se beneficiaron de la información que él mismo les transmitió tras conocer, por un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que estaban siendo investigados. Un hecho por el que los agentes de la Benemérita y el ex consejero madrileño han sido condenados.

Según expone Francisco Granados, llamó por teléfono a su ex socio David Marjaliza para informarle de que estaban siendo investigados por corrupción. El ex consejero popular recibió el chivatazo el día anterior, durante las fiestas de Valdemoro de septiembre de 2014, cuando un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, José Manuel Rodríguez Talamino, le alertó de que estaban vigilando el edificio Éboli donde Marjaliza tenía su despacho. Granados contrastó esta información con el agente José Luis Caro.

Fue entonces, siempre según la versión del denunciante, cuando Francisco Granados pidió a Marjaliza que destruyera toda la documentación que le relacionaba con sus negocios. A su vez, el empresario ordenó a una tercera persona (Eduardo de la Peña) que destruyera todos los documentos que había seleccionado previamente. Se deshizo de facturas de compra de regalos, organigramas de las sociedades, nombres de testaferros, contratos de adjudicaciones viciadas… etc. Marjaliza y su secretaria reconocieron estos hechos en su declaración como testigos en el juicio oral.

Además, Francisco Granados explica que «la sentencia en sí recoge extremos que llevan a la evidente culpabilidad e imputabilidad de Marjaliza, Ana Ramírez y Eduardo de la Peña». Recuerda el voto particular emitido por el magistrado Nicolás Poveda, quien afirmó: «Tal hecho presenta los caracteres objetivos y subjetivos de la conducta prevista y penada en cuanto al delito de revelación de secretos, y en el que participan como agentes informantes Rodríguez y Caro y como receptores Granados y Marjaliza, aunque este último no fuera directamente sino a través del anterior, pero participando de forma activa en la consumación del delito».

Por todo ello, los denunciantes manifiestan que «no alcanzan a comprender como, a pesar de la multiplicidad de indicios existentes en la fase de investigación, el reconocimiento de la comisión de los hechos en el acto del juicio oral y el reflejo de dicho reconocimiento en las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo, las dos representantes del Ministerio Fiscal –órgano encargado de promover la acción de la Justicia debiendo perseguir los delitos de cuya comisión tuviere noticia– no han procedido a dirigir la acusación contra las demás personas que, por el principio de igualdad de armas procesales, deberían de haberse visto sentadas en el banquillo de los acusados junto con el señor Granados y el señor Caro».