Los bisnietos de víctimas de Franco podrán pedir que se ocupen terrenos para exhumar sólo «con indicios»

La llamada Ley de «Memoria Democrática» pactada entre Pedro Sánchez y Bildu permitirá la «ocupación temporal» de terrenos privados para localizar fosas aunque no existan pruebas fehacientes de que allí se encuentren. La norma, aprobada en el Congreso de los Diputados y que ahora pasará al Senado -antes de su ratificación definitiva a la vuelta del verano- establece que las administraciones podrán autorización aún en el caso de que el propietario no dé su consentimiento.

Así, serán los «descendientes o las organizaciones legitimadas» las que «deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las administraciones públicas podrán autorizar la ocupación temporal, conforme a la normativa aplicable, y siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideración de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnización a cargo de los ocupantes», se recoge en la ley.

Las personas autorizadas para solicitar el inicio de este procedimiento son, también según la textualidad de la norma, el «cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus descendientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el cuarto grado» -lo que implica sus bisnietos y primos-,  «las entidades memorialistas y las asociaciones de familiares de víctimas» o quienes «acrediten un interés legítimo».

Estos deberán presentar una «solicitud razonada» que «deberá acompañarse de las pruebas documentales o de la relación de indicios que la justifiquen».

Las actividades de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas requerirán la previa obtención de una autorización administrativa.

Antes de conceder esa autorización, «la administración competente deberá acordar un periodo de información pública» y «ponderar la existencia de oposición a la exhumación por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban en su caso ser trasladados».

La ley avisa, en cualquier caso, de que «la realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos de las personas desaparecidas se constituye en fin de utilidad pública e interés social, a los efectos de permitir la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse». En este contexto, el Gobierno se remite a la Ley de Expropiación Forzosa.

Polémicas

Se trata de una de las medidas más polémicas de la Ley de «Memoria Democrática» que ha salido adelante gracias al apoyo de los diputados proetarras.

En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo se ha comprometido con Bildu a la constitución de una «comisión técnica» que deberá realizar un estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Es decir, ya en plena democracia y bajo el mandato de Felipe González. Ese estudio recogerá «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».

Además, se constituye comisión estatal «independiente» de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».

Tras otro de los pactos de Sánchez con sus socios -en concreto con el PDeCAT- la ley incluirá la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».

Además, se renombra el Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros; se suprimen hasta 33 títulos nobiliarios concedidos por Francisco Franco y se planea la exhumación del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, uno de los planes inmediatos del Ejecutivo cuando la ley sea definitivamente aprobada.