España

Bildu exige a Sánchez el «repliegue» de la Policía y la Guardia Civil de Navarra tras investir a Chivite

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La investidura de María Chivite deja de nuevo Navarra en manos de Bildu, partido cuya abstención ha sido una vez más decisiva para que la socialista sea investida. Los proetarras nunca han ocultado su animadversión hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Somos la moneda de cambio», advirtieron esta semana desde la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil). El pasado 1 de julio se hizo efectivo el traspaso de las competencias de Tráfico a la Comunidad Foral, lo que implica que los agentes de la Guardia Civil ya no ejercerán esas funciones. Un paso hacia su expulsión, pese a la versión del Gobierno. En su plan para la legislatura, Bildu va más allá y pide un «proceso gradual de repliegue» de la Policía y la Guardia Civil en la comunidad autónoma. Para ello, exigen «redimensionar el número y la función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para adaptarlos a las competencias extracomunitarias que no hayan sido transferidas a Navarra».

Este proceso, añaden, «deberá ir acompañado de mecanismos reales de control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de las instituciones navarras». Bildu, como ya avanzó OKDIARIO, propone crear un «mecanismo externo e independiente de supervisión e investigación de las actuaciones policiales», que tendrá capacidad de sanción.

En Navarra, los proetarras aspiran a conseguir la transferencia «de todas competencias a la Policía Foral para su ejercicio en exclusiva de todas aquellas que no tengan el carácter de extracomunitarias, de forma que dicho cuerpo policial se convierta en una policía integral al servicio de Navarra». Con ello, Bildu quiere certificar la expulsión de los policías y guardias civiles, una de sus reivindicaciones históricas.

La presidenta navarra nunca ha puesto objeciones al plan de sus socios. De hecho, tras pactar Sánchez con Bildu el traspaso de Tráfico, Chivite lo celebró asegurando que era «un gran día para Navarra». Bildu, además, quiere promover un «debate» sobre el modelo policial para «adaptar la calidad del servicio y sus amplias responsabilidades legales a las necesidades de una población en constante cambio».

Ese plan oculta, en realidad, su ambición de tutelar a la Policía y plegarla a sus exigencias. La formación de Arnaldo Otegi quiere diseñar un cuerpo «que rinda cuentas de sus actuaciones», «no represiva, sin criterios de actuación politizados, civil y no militarizada», «dotada de una ley que regule su funcionamiento e incorpore un Código Deontológico de Conducta y de Ética Policial» y «sujeta en sus actuaciones tanto a sus mecanismos propios de control interno y del Gobierno como a una Comisión Externa Independiente», antes mencionada.

«Día del inútil»

Las manifestaciones de odio hacia los agentes, por parte de los sectores más radicales de Navarra, se demuestran cada año en la festividad conocida como Día del inútil, que se celebra con la permisividad del Gobierno español. En la localidad de Etxarri Aranatz, los organizadores difundieron este año la convocatoria utilizando un cartel con el perfil de dos agentes del Instituto Armado quemados por las llamas. En la cita festiva, celebrada a principios de agosto, se escenifica la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos del Estado de la región, entre insultos y otros ataques, concluyendo con el denominado Tiro al Fatxa, donde los jóvenes se dedican a arrojar piedras, pintura, zapatos y todo tipo de objetos a una pancarta donde están representados desde la Guardia Civil hasta la Monarquía o la Iglesia. «No son los únicos actos de humillación y menosprecio que sufren los cuerpos e instituciones del Estado en Navarra, es algo bastante común en los territorios en los que Bildu tiene mayorías», lamentaron desde el Partido Popular.

«Es injustificable el hecho de que el Gobierno sea consciente de la crispación social que estos actos crean entre la población y los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado y sus familiares», denunciaron desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).