Chivite promete a Bildu llevar a las escuelas a las «víctimas» de la «violencia» policial

El pacto de legislatura de la socialista María Chivite incluye numerosos guiños a Bildu, partido que, con su abstención, ha permitido su investidura. Entre las cuestiones más sensibles para la formación proetarra está todo lo relativo a lo que ellos denominan «memoria, paz, convivencia y derechos humanos», cuestiones a las que Chivite dedica un capítulo de su programa para gobernar, suscrito con Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Entre las medidas, se incluye «potenciar el programa Eskutik-De la mano» a «todas las víctimas reconocidas de violencia política».

Este programa se implantó en 2017 para llevar a las aulas el testimonio de las víctimas del terrorismo. «La presencia de las víctimas en las aulas acerca de una manera directa realidades vividas que han generado un inmenso sufrimiento. Nos acerca a mensajes de reparación, reconstrucción personal y deslegitimación de la violencia, ayuda a palpar y a sentir el dolor de una injusticia que no debe repetirse y posibilita canales de solidaridad y empatía espontáneos en un intercambio de emociones bidireccionales. Por ello las víctimas que están dispuestas a prestar su testimonio se convierten en víctimas educadoras, personas transformadoras», se recoge en el programa pedagógico.

Sin embargo, Chivite plantea ahora extenderlo a las víctimas de «violencia política». Bajo esta denominación, se incluyen a las víctimas de grupos de «extrema derecha» y «funcionarios públicos», como contempla la polémica Ley de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Los jueces ya no dicen quién es «víctima»

Esta ley fue aprobada en 2019 con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, y la abstención del PSOE, con el fin de restaurar las supuestas «vulneraciones de derechos humanos» acaecidas en un contexto de «violencia de motivación política». La norma regula los mecanismos para su consideración como damnificado o beneficiario «de los correspondientes derechos de reparación integral».

Para ello, se obvia a los jueces, puesto que quien determina la condición de «víctima» es una comisión política, la Comisión de Reconocimiento y Reparación. 

El año pasado, el Parlamento de Navarra aprobó la equiparación de indemnizaciones entre estas víctimas de «violencia policial» y «motivación política» y las del terrorismo. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. En enero de este año, el Gobierno de Navarra inició el procedimiento para solicitar la declaración de víctima.

Las solicitudes podrán ser promovidas y presentadas por «aquellas personas que hayan visto vulnerados sus derechos humanos en las circunstancias y con las consecuencias siguientes: que las vulneraciones se hayan producido en un contexto de actuaciones de motivación política; que se hayan realizado en un contexto de actuaciones de motivación política en las que hubieran podido intervenir funcionarios públicos o particulares que actuaban en grupo o de forma aislada e incontrolada; que, como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya producido un perjuicio a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas».

«Toda víctima tiene el derecho a ser reconocida y reparada, de manera individualizada, sin equiparaciones sobre las causas de su victimización, sin marginaciones ni exclusiones», afirmaron desde el Gobierno foral.