Anticorrupción se harta y pide que Griñán entre ya en la cárcel

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso inmediato en prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE José Antonio Griñán y el resto de ex altos cargos socialistas con condenas de cárcel por el caso de corrupción de los ERE. Así ha respondido el Ministerio Público a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que le preguntó sobre la ejecución de la sentencia con respecto a la condena de malversación.

El pasado martes 11 de octubre, el tribunal sentenciador no envió a Griñán, condenado a seis años de cárcel, a prisión hasta que la Fiscalía y las acusaciones emitiesen un informe en el que alegaran si la condena debía ejecutarse antes o después de que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto del ex líder del PSOE andaluz. Los magistrados decidieron preguntar a las partes tras valorar y prever que existen altas probabilidades de que Sánchez conceda el indulto a quien fuera presidente de su partido, además de presidente de la Junta de Andalucía, según explican fuentes judiciales a OKDIARIO.

Los jueces decidieron preguntar a las partes antes de decidir si se ejecuta la sentencia con respecto al delito de malversación atendiendo al artículo 4 del Código Penal que dice: «Si mediara petición de indulto, y el juez o tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada».

El indulto de Sánchez

Y es que el Gobierno de Sánchez aprovechó los medios de comunicación para enviar un mensaje poco dudoso al tribunal sentenciador sobre la posible concesión del indulto a Griñán. Los magistrados, tras valorar las probabilidades de que el condenado pueda beneficiarse de esta medida de gracia, decidieron paralizar temporalmente la ejecución de la sentencia a la espera de que se pronuncie el resto de las partes. Así, explicaron fuentes judiciales a OKDIARIO, Griñán cuenta con un beneficio «con el que no contaría ningún ciudadano de a pie si fuese condenado». Y añaden: «Y es que el Ejecutivo no se pronuncia públicamente sobre la posible concesión a cualquier español de esta medida de gracia antes de que el tribunal sentenciador ordene la ejecución de la pena».

El Ministerio Fiscal ha respondido con contundencia a la pregunta de la Audiencia Provincial. En el documento, Anticorrupción se opone a la suspensión de ejecución de las penas, es decir, a aplazar el ingreso en prisión de los condenados hasta que se resuelvan los recursos y el Gobierno de Pedro Sánchez decida sobre las peticiones de indultos presentadas por las familias de Griñán y el resto de condenados con penas de cárcel.

680 millones

El pasado mes de septiembre el Tribunal Supremo notificó una sentencia histórica y un castigo ejemplar después de que se iniciara la investigación del escándalo de los ERE. El Alto Tribunal ratificó la condena de prisión del ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos socialistas por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados. Se confirma así la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a Griñán a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada y a nueve años de inhabilitación al también ex presidente de la Junta y del PSOE Manuel Chaves.

El Supremo confirmó que los gobiernos de Chaves y Griñán, que ejercieron el poder en Andalucía durante 23 años de forma ininterrumpida, pusieron en marcha una fórmula ágil para acallar el descontento social y pagar las prejubilaciones de 6.000 empleados víctimas de la crisis industrial que azotó Andalucía a finales de los años noventa. El sistema pretendía eludir los férreos controles de la Intervención General, que anteriormente había puesto reparos al modo de reparto del dinero. La sentencia de la Audiencia de Sevilla calificó ese sistema de «fraudulento» e «ilegal» porque provocó un «descontrol absoluto» sobre los 680 millones distribuidos con el propósito de garantizar la «paz social». 

Pudieron evitarlo

Los acusados que tuvieron conocimiento de la gestión concreta de las ayudas y que debían y podían evitar que el procedimiento ilegal continuara están condenados en firme por delito de malversación.

En concreto, la sentencia de casación identifica como muy relevante el conocimiento de un informe (Adicional de cumplimiento del IFA del año 2003), elaborado por la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo y notificado a distintas autoridades, en el que se hacía constar de forma pormenorizada la multitud de irregularidades que se venían produciendo.
En años sucesivos se fueron conociendo otros informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que aludían a la ilegalidad del sistema que se estaba utilizando, pese a lo cual los distintos responsables de los fondos nada hicieron para evitar la situación.