Ángel Torres gastó en Canarias una «diferencia sustancial» en carreteras respecto a lo presupuestado

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha analizado los cuatro años en los que el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, estuvo en el Gobierno autonómico, es decir, entre 2019 y 2023. En esa época, el Ejecutivo de la comunidad gastó en carreteras una «diferencia sustancial» respecto a lo que previamente se había presupuestado, según el órgano fiscalizador de las cuentas públicas de la autonomía.

Los auditores han elaborado un informe de fiscalización de la «ejecución presupuestaria» de las «Inversiones Reales de la Comunidad Autónoma de Canarias» durante los «ejercicios 2019-2023». Este documento se ha aprobado hace apenas unos días por la propia Audiencia de Cuentas.

Uno de los apartados de análisis de este documento es el «tiempo medio de ejecución e inejecución». «El objeto es medir tiempos de algunos hitos de la gestión de un expediente de contratación o un encargo a medios propios», se detalla en el propio informe.

Concretamente, se centra, por un lado, en las «inversiones en carreteras». En este caso, se analizan 10 proyectos de inversión y la conclusión a la que llegan sobre los años en los cuales estuvo el ministro Torres al frente del Gobierno  es demoledora: «La totalidad de los contratos incumplen el plazo de ejecución inicialmente establecido, con una media de 83 meses de desviación».

La Audiencia de Cuentas, eso sí, reconoce que «la problemática de la gestión de la construcción de carreteras es muy compleja». El órgano fiscalizador detalla que este tipo de inversiones «se inicia con la redacción del proyecto de obra, que suele consumir un cómputo elevado de tiempo». Luego, se deben obtener «los informes preceptivos», concretamente, aquellos sobre la «incidencia especial del impacto ambiental».

También señala que existen «incidencias no previstas» que surgen durante la ejecución y que «ralentizan y retrasan la ejecución de estas inversiones», entre las que pone como ejemplo la aparición de «restos arqueológicos, expropiaciones pendientes, protestas de movimientos sociales».

Y, por otro lado, la Audiencia de Cuentas Canaria detalla: «En la documentación que se ha aportado por la Dirección General de Infraestructura Viaria existen diversos informes de ingenieros directores de las obras, que ponen de manifiesto diferencias sustanciales entre las cifras de gasto contabilizadas por cada proyecto de inversión presupuestario y las cifras reales de gastos generados por la ejecución de las obras propiamente dicha».

Es decir, que existe una variación «sustancial» entre lo que se había presupuestado y lo que finalmente se ha gastado durante los años en los que Ángel Víctor Torres gobernó el Ejecutivo autonómico. El documento del organismo fiscalizador, sin embargo, no entra en detalle sobre la cantidad media ni aproximada. 

En su lugar, explica que «los gastos de ejecución de las carreteras no siempre se imputan al mismo código de proyectos de inversión, sino que pueden tener cabida en varios». «De ahí, las diferencias señaladas por los directores de las obras», concluye como una posible explicación al asunto.

Fraccionar contratos para la televisión

El Gobierno canario de Ángel Víctor Torres realizó fraccionamientos de contratos de la televisión pública autonómica, especialmente en el último año de su presidencia. Así lo denunció la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) en un informe de fiscalización de la contratación del ente público.

El organismo autónomo encargado del control del sector público canario publicó el informe «Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público RTVC, ejercicio 2023».

Una de las conclusiones fue que «se incumple con lo establecido» en la Ley de Contratos del Sector Público. Específicamente, se alude al artículo 99.2, que impide «fraccionar un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan». Y esto es lo que la Audiencia reprochó en su última fiscalización.

Los auditores canarios constataron que en la Radio Televisión Canaria, dependiente del Ejecutivo autonómico, «hay contratos con el mismo objeto adjudicados, durante el ejercicio, a distintos adjudicatarios». Y esto lo impide la normativa vigente.