PDeCAT y ERC quieren meter en las listas del 21-D a todos los golpistas encarcelados

Cada uno por su lado, PDeCAT y ERC diseñan ya sus listas para el 21D en pleno debate sobre si concurrir a los comicios juntos o por separado.

De lo que no hay dudas es de que las listas incluirán, a falta de ser ratificadas, a los exdirigentes golpistas ahora en prisión o fugados a Bélgica, con Carles Puigdemont a la cabeza en el caso de los convergentes.

En el de ERC, la idea es que, además de Junqueras, se integre a todos los consellers republicanos- Carles Mundó, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Serret y Toni Comin, estos dos últimos en Bruselas- los miembros de la Mesa del Parlament-pendientes de prestar declaración, el jueves, en el Supremo-y con toda probabilidad los altos cargos y diputados que se han significado activamente por la independencia. Además, y de forma también simbólica, la intención es reservar un puesto a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión por presunta sedición.

En ese escenario, se podría dar la situación de unas listas con sus principales reclamos en la cárcel. La ley no impide que los encarcelados se presenten a unas elecciones y solo podrían hacerlo en caso de existir una condena, aunque no fuese firme, algo que, en cualquier caso, no ocurriría antes del 21D. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General es clara y señala en su artículo 6.2.B que no podrán ser elegidos para un cargo «los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal».

La maniobra de los independentistas tiene no solo una finalidad simbólica, sino pragmática: que los cargos recuperen el aforamiento que perdieron al ser cesados con el artículo 155.

Eso implicaría que la causa contra Puigdemont y sus consellers, ahora en la Audiencia Nacional, se derivaría al Supremo, donde actualmente ya se instruye el caso contra Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament por los mismos delitos. Todos ellos conservan aún su aforamiento al integrar la Diputación Permanente, una vez disuelta la Cámara autonómica.

Esa maniobra quedaría obsoleta, no obstante, esta misma semana, como avanza OKDIARIO, ya que el Supremo asumirá todas las causas abiertas contra el ‘golpe de Estado’ en Cataluña.

Contacto con medios de comunicación

Puigdemont, que hasta ahora había renegado de presentarse a unas nuevas elecciones, volverá a ser el candidato, aunque en una situación extremadamente complicada.

Aunque el juez decida dejarlo en libertad mientras se dirime la orden europea de detención, sí podría imponer serias condiciones como-además del pago de una fianza o la prohibición de salir del país-prohibirle el  contacto con medios de comunicación. «El juez podría considerarlo, le corresponde a él determinarlo», admitió este domingo el portavoz de la Fiscalía belga, Gilles Dejemeppe, en rueda de prensa.

Ese escenario impediría a Puigdemont hacer campaña para el 21D, que, en cualquier caso, se supone que seguirá desde Bruselas. Los trámites para entregarle a la Justicia española son excepcionalmente largos, y podrían aplazar una decisión definitiva hasta tres meses. 

Los convergentes seguirán insistiendo en concurrir a esos comicios con una lista conjunta, algo que en ERC no acaban de ver nada claro. De hecho, los republicanos solo aceptarían esa posibilidad si la alianza trasciende al PDeCAT e incorpora a otras formaciones, como los afines en Podemos a la corriente de Dante Fachin. Cataluña En Comú, el partido de Ada Colau, descartó expresamente este domingo participar en esa lista y propuso como su candidato a Xavier Domènech, portavoz de En Comú en el Congreso de los Diputados.

«Las listas unitarias lo que harían sería despolitizar de nuevo el conflicto entre Cataluña y el Gobierno del PP y su ofensiva autoritaria», apuntó Elisenda Alamany, en representación de la organización.

Actualmente, la causa por el ‘procés’ se instruye en dos tribunales diferentes, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, pese a que los delitos que se atribuyen a los imputados son los mismos.

Este hecho ha provocado dos modos de proceder diferentes. Mientras en el auto del Supremo se habla de conspiración para la rebelión, el de la Audiencia sí sostiene que existió violencia y actos tumultuarios, lo que determina de forma clara ese delito.

El magistrado del Supremo que se encarga del caso, Pablo Llarena, decidió aplazar la declaración de la presidenta del Parlament y de los miembros de la Mesa, a petición de las defensas. Entre tanto, la juez de la Audiencia, Carmen Lamela, decidió ya el jueves tomar declaración a al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete exconsellers del Govern catalán y enviarles a prisión incondicional y sin fianza. Santi Vila, quien fuera titular de Empresa, quedó en libertad tras pagar 50.000 euros.