Ábalos sigue en libertad mientras que Bárcenas y Granados sí fueron a prisión tras ocultar propiedades

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, ex mano derecha del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Partido Socialista, todavía no ha sido detenido pese al patrimonio oculto que va saliendo a la luz, y a que la investigación que se cierne sobre él apunta ya a un presunto blanqueo de capitales. En cambio, no hubo condescendencia alguna en el pasado con imputados vinculados al PP. Ahí están los casos de su ex tesorero Luis Bárcenas, el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato o el ex consejero madrileño Francisco Granados.

Al no descartado riesgo de fuga (aunque tiene prohibido salir del país) y a lo revelado este miércoles por el informe de la Guardia Civil sobre el desconocido patrimonio de Ábalos, se suma la exclusiva que publica este jueves OKDIARIO con relación al hecho de que la Policía Federal de Brasil ya investiga al ex ministro por esconder allí dos millones de las comisiones de las mascarillas.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que las instituciones brasileñas están detrás del rastro de dos millones de euros que Ábalos habría presuntamente desviado a una empresa de aquel país. Los agentes de Brasil también investigan por un presunto delito de blanqueo de capitales a la trama del caso Koldo, que habría obtenido presuntas mordidas millonarias en contratos de adjudicaciones públicas de material sanitario durante la pandemia de coronavirus.

La investigación en Brasil fue abierta por el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), el organismo brasileño equivalente al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales español (Sepblac). Este organismo detectó transferencias millonarias sospechosas que hicieron saltar las alarmas del sistema antiblanqueo.

Precisamente, en junio de 2013, el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz mandó a Luis Bárcenas a prisión tras interrogarle durante casi dos horas, y otros 45 a su mujer, Rosalía Iglesias, por la comisión de tres nuevos delitos: falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y blanqueo de capitales. El instructor preguntó a Bárcenas por cuentas en el banco suizo Lombard Odier y por la documentación con que él y su esposa, Rosalía Iglesias, intentaron esquivar un delito fiscal. El ex tesorero del PP tenía un «importante patrimonio económico oculto».

Esta opacidad y también el blanqueo de capitales estuvieron detrás del ingreso en prisión de Rodrigo Rato en abril de 2015 tras el registro de su vivienda ordenado por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue acusado de delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo.

Funcionarios de la Agencia Tributaria, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y miembros del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en la casa de Rato, que fue subido al coche policial delante de las cámaras de televisión, en unas imágenes que se convirtieron en paradigma de la pena de telediario. Horas después, el ex ministro de Economía fue puesto en libertad. Con todo, en 2018 tuvo que entrar en prisión por administración desleal y apropiación indebida por el escándalo de las tarjetas black.

El pasado diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Rato a cuatro años y nueve meses de prisión por corrupción y blanqueo de capitales en el origen de su fortuna. La sentencia no es firme y el caso se dirimirá en el Tribunal Supremo.

Y respecto al ex consejero madrileño Francisco Granados, el que fuera hombre fuerte de Esperanza Aguirre, fue detenido el 27 de octubre de 2014 en el marco de la Operación Púnica. El juez Eloy Velasco decretó el 31 de octubre su ingreso en prisión. Las pesquisas contra el ex dirigente del PP se iniciaron meses antes, cuando la Fiscalía de Laussanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y al empresario David Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado. También se le atribuyó patrimonio ilícito oculto.

Bienes de Ábalos en el extranjero

Entretanto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo del caso Koldo que solicite un informe a la Agencia Tributaria para completar la indagación patrimonial sobre el todavía diputado del Grupo Mixto.

En el oficio del Instituto Armado, los agentes trasladan al instructor Leopoldo Puente una batería de diligencias relativas a Ábalos «en aras de seguir avanzando en el esclarecimiento de los hechos investigados».

En concreto, la Benemérita reclama al magistrado que requiera al órgano oportuno de la Agencia Tributaria el «Informe de Suministro» del propio Ábalos, como persona física, y de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), como persona jurídica, para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024.

Además, la Guardia Civil pide que dicho informe contenga «al menos» datos relativos a cuentas bancarias, rentas explícitas e implícitas, fondos de inversión, operaciones de seguros y bienes muebles e inmuebles, así como información sobre relaciones societarias, bienes en el extranjero, facturas emitidas y recibidas, rendimientos de trabajo y de arrendamientos, donaciones, planes de pensiones, declaraciones fiscales o cajas de seguridad alquiladas.

Junto a ello, la UCO plantea que se libre mandamiento judicial a Caixabank para que remita directamente a la UCO la información que tenga sobre productos financieros vinculados al ex ministro, así como «todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas».

Los agentes señalan de forma directa en su informe seis cuentas en dicha entidad bancaria en las que «Ábalos figura o ha figurado como titular, autorizado y/o representante, excluidas las cuentas bancarias relacionadas con el PSOE».

En este sentido, la UCO aboga por que se reclame a CaixaBank los movimientos realizados en dichas cuentas desde el 1 de enero de 2014 o su contratación, en caso de ser posterior a dicha fecha. También se reclama que el banco envíe a la UCO la información sobre transferencias nacionales por «importe superior a 300 euros» relacionadas con el ex secretario de Organización del PSOE.