Sánchez reduce un 35% la expulsión de inmigrantes ilegales a pesar de duplicarse el número de llegadas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido un 35% la expulsión anual de inmigrantes ilegales de España desde su llegada a La Moncloa. El primer ejercicio completo del líder socialista al frente de la Jefatura del Ejecutivo, en 2019, se produjeron 4.677 expulsiones. Sin embargo, en 2024, han llegado irregularmente el doble de personas, pero apenas se han devuelto a sus países de origen a 3.031.

El presidente del Gobierno aterrizó en La Moncloa en junio de 2018. Desde entonces, se ha mantenido en el cargo. Sin embargo, su primer año completo lo desempeñó al ejercicio siguiente, en 2019. Entonces, las llegadas irregulares de inmigrantes ascendieron hasta los 4.677, la cifra más elevada de todos sus años al frente del Ejecutivo.

Esta cantidad quedó desvirtuada durante la pandemia del Covid-19, cuya expansión frenó los procesos de expulsión. En 2020 solamente fueron devueltos a sus países 1.834 personas. En 2023, la cifra se estabilizó, con 3.090 expulsiones y, en 2024, volvió a descender esta cantidad, hasta las 3.031 inmigrantes en situación administrativa irregular que fueron movidos fuera de las fronteras de España.

Este decrecimiento de las expulsiones choca con el aumento exponencial de las llegadas de personas de otros territorios de forma irregular. En 2019, entraron en España ilegalmente 32.513 personas por vía marítima y terrestre, según el informe quincenal del Ministerio del Interior. En ese ejercicio, se devolvieron a sus países de origen a 4.677 personas. Es decir, que entraban ilegalmente 7 personas por cada inmigrante irregular expulsado.

Sin embargo, con la cifra de llegadas de inmigrantes disparada en España, la cantidad de expulsiones se ha reducido. El último año del que hay datos es 2024. Entonces, entraron en España 63.970 personas de forma irregular. A pesar de ello, las extraditaciones sólo fueron 3.031. Esto significa que por cada inmigrante ilegal que se expulsaba entraban ilegalmente 21 personas.

Pregunta «sobre coste de la inmigración»

Así consta en la respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta que ha presentado el Grupo Parlamentario Vox. Los diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Gil Lázaro, y David García Gomis interrogaron al Ejecutivo «sobre coste que supone la inmigración ilegal que llega a nuestro país, así como órdenes de expulsión que han sido ejecutadas en los años 2019 a 2024».

Los representantes de la formación de Santiago Abascal instaban al Ejecutivo a que informe sobre «el coste que supone para España la inmigración ilegal que llega a nuestro país, en relación con su acogimiento en instalaciones financiadas -parcial o completamente-, por el Estado». Además, también preguntaban sobre el «coste total anual que se ha derivado del acogimiento de los inmigrantes ilegales entre los años 2019 y 2024».

Y por último, pretendían que el Gobierno de Sánchez diera a conocer «cuántas órdenes de expulsión de inmigrantes ilegales han sido ejecutadas en los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024».

El organismo que responde a esta pregunta parlamentaria es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la socialista Elma Saiz. Lo hace como «responsable» de la «planificación, desarrollo y gestión de los programas de atención humanitaria dirigidos a las personas migrantes» en los que se «da cobertura» a las «necesidades básicas de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional y temporal».

La cartera de Migraciones aclara que estas personas «se encuentran en situación administrativa irregular» porque «en nuestro ordenamiento» no existe «la figura de persona ilegal».

Finalmente, el Gobierno de Sánchez entrega a los diputados del partido de Abascal el número de expulsiones de inmigrantes ejecutadas en los últimos seis años. Sin embargo, no entra a detallar el coste que tiene para las arcas públicas las tareas relacionadas con la función desempeñada por ese Ministerio.