La llegada de menas a Mallorca se ha disparado un 625% en cinco años y el PSOE exige que vengan más

La llegada de menores inmigrantes no acompañados (menas) a Mallorca se ha disparado un 625% en cinco años y el PSOE exige acoger a más, después del pacto alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts para el reparto de 4.000 por todas las comunidades autónomas, 59 de ellos a las Islas Baleares frente a los 20 que acogerá Cataluña.

Mallorca en estos momento acoge a 463 menores, Formentera a 96, Ibiza a 70 y Menorca a solo cinco, según datos de la Consellería de Asuntos Sociales, actualmente los consells insulares atienden a 634 menores en Baleares, aunque esta cifra podría cambiar en los próximos días tras una revisión oficial.

Desde el PP que gobierna en coalición el Consell de Mallorca con Vox su portavoz adjunto, Bernat Vallori, ha denunciado que la portavoz socialista Catalina Cladera y el PSIB-PSOE quieren imponer la acogida de más menas, sin tener en cuenta la situación límite que vive la isla.

Según Vallori, «es irresponsable que la oposición socialista ignore la realidad y se dedique a repetir el discurso de Pedro Sánchez sin importarles que Mallorca no tiene ni espacios ni profesionales suficientes para garantizar una acogida digna.»

Vallori ha recordado que la llegada de menores migrantes se ha disparado un 625% desde 2020 y que el Consell de Mallorca, presidido por
Llorenç Galmés, está trabajando para gestionar esta crisis con responsabilidad.

«Mientras nosotros exigimos soluciones reales, Cladera y el PSOE sólo piensan en cumplir órdenes de Madrid y mantener a Sánchez en su trono, cueste lo que cueste. No les importa si Mallorca puede o no asumir más carga. Dice mucho de su talante político”, ha criticado Vallori.

El PP de Mallorca ha insistido en que se hará todo lo posible para rechazar cualquier imposición del PSIB-PSOE y del Gobierno central y que seguirá defendiendo los intereses de la isla.

«No podemos acoger a más sin garantizar los recursos necesarios. Gestionar es tomar decisiones valientes y responsables, no jugar con la realidad para satisfacer los intereses de Pedro Sánchez», ha concluido Vallori.

Los socialistas de Baleares por contra, se han posicionado a favor del pacto de Sánchez con el prófugo Puigdemont para el reparto de menas y han exigido al PP «altura de miras y sentido de Estado», para que abandonen el boicot al reparto acordado con los separatistas de Junts.

Para los socialistas se trata de dar la mejor salida a una cuestión que se ha convertido en un gran problema social en las comunidades-fronterizas como Canarias.

Para Cladera «el PP debería abandonar su postura de desgaste en el Gobierno del Estado, que denota falta de humanidad y de solidaridad» ha dicho Cladera.

Según la lectura que hace el PSOE el reparto se ha hecho en función de variables como la población, la renta per cápita, la capacidad de acogida, el paro o el factor insular, si bien no se explica si es así como Cataluña con ese acuerdo entre Sánchez y Puigdemont, con ocho millones de habitantes acogerá a 20, y Baleares con poco más de un 1,2 millones, a 59.

A ello se une el hecho de que el Gobierno de Sánchez ha hecho caso omiso a la propuesta aprobada el pasado mes de febrero para pedir la presencia de Frontex en Baleares ,y reforzar el control de la costa ante la llegada de embarcaciones ilegales. Como manifestó la consellera electa María Magdalena García, «Mallorca no puede seguir abandonada por el Gobierno de España. Frontex es clave para mejorar la seguridad y la gestión migratoria y es necesario un compromiso real por parte del ejecutivo estatal».

Y es que la falta de medidas efectivas ha convertido al archipiélago en una ruta consolidada de inmigración ilegal, lo que hace aún más urgente la adopción de acuerdos para poner coto a esta realidad.

Aunque el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, remitió una misiva al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la que expresaba su preocupación por la creciente llegada de pateras a las Islas y la moción aprobada, la respuesta del ministro Albares fue derivar cualquier responsabilidad al Ministerio del Interior del ministro, Grande-Marlaska.