Ábalos no iba a declarar pero respondió al juez por miedo a entrar en prisión

• Luis Balcarce @lbalcarce
• Vicedirector de OKDIARIO.
• • 24/06/2025 06:25
  • Actualizado: 24/06/2025 08:26

José Luis Ábalos cambió de estrategia en el último momento y decidió declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo por miedo a que lo enviaran a prisión provisional. El ex ministro de Transportes no tenía previsto declarar en su tercera comparecencia, pero optó por responder al juez Leopoldo Puente ante la presión de las acusaciones populares, que habían solicitado prisión comunicada y sin fianza tanto para él como para su ex asesor Koldo García.

La decisión de último minuto de Ábalos contrasta con la actitud de García, que mantuvo su estrategia de no declarar amparándose en que había cambiado recientemente de abogado y su nueva defensa necesitaba tiempo para estudiar la causa.

Durante su declaración, Ábalos no se encontraba bien y explicó al juez «que está viviendo una situación muy tensa desde el punto de personal, que tiene la casa vandalizada, que a la UCO no le dio tiempo a clonar todos los dispositivos, sólo el móvil, que se lo devolvió. Que no tiene los dispositivos y que no puede establecer un relato coherente».

El ex ministro negó cualquier implicación en adjudicaciones irregulares y el cobro de mordidas. También dijo que no se reconoce en los audios grabados por Koldo, apuntando incluso a que podrían estar manipulados. Sobre las presuntas maniobras para situar a determinadas personas en ciertos cargos, se desvinculó completamente.

El abogado de José Luis Ábalos había trasladado a la Fiscalía Anticorrupción hace apenas cinco días la petición expresa de pactar para evitar el ingreso en prisión de su cliente. La estrategia procesal de José Aníbal llegaba tras la publicación del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que atribuye a Ábalos el cobro de al menos 620.000 euros en comisiones ilegales procedentes de adjudicaciones de obra pública.

José Aníbal transmitió el pasado jueves a la Fiscalía su intención de alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público. El pacto pasaba por un reconocimiento de los hechos y la colaboración con los investigadores, a cambio de beneficios penales que podrían traducirse en penas reducidas o evitación de prisión.