El Gobierno subirá el Impuesto de Sucesiones a las empresas familiares con más beneficios

El Gobierno castigará con el Impuesto de Sucesiones a las empresas familiares que mejor marchan. Así lo recoge el documento base de la política fiscal del PSOE. Un texto donde se desvelan los verdaderos planes del partido en el Gobierno, que no pasan en exclusiva por una subida del tipo del IRPF de las rentas más altas, sino que incluyen toda una batería de subidas fiscales.

El Gobierno quiere recaudar 8.000 millones más al año. Y para ello, junto con la subida del tipo máximo del Impuesto de la Renta hasta el 49%, recoge en su documento fiscal una batería de medidas destinadas también a las pequeñas y medianas empresas. Entre ellas, “la limitación de la exención/reducción para las verdaderas empresas familiares, introduciendo un beneficio fiscal decreciente por cifra de negocios” en el Impuesto sobre Sucesiones.

Es decir, que las empresas familiares que marchen bien tendrán que pagar más por este impuesto, mientras que las que vayan mal pagarán menos.

El momento de aplicar el Impuesto de Sucesiones es un momento clave para las compañías familiares. Muchas de ellas mueren en ese tránsito porque el fundador tenía un compromiso con su empresa que las nuevas generaciones familiares no tienen o que incluso prefieren ver difuminarse para poder acceder al importe líquido de la venta de la empresa o de los activos de ella.

Por eso nació el incentivo fiscal a estas compañías en el Impuesto sobre Sucesiones: para evitar que el tránsito de manos de estas empresas se convirtiese en la venta o disolución y en la destrucción de sus empleos.

Ahora el PSOE plantea recortar los incentivos a aquellas empresas familiares que marchen bien, de forma que, de alguna manera, las acerque a las que van mal. Una decisión que, en caso de materializarse, tendría consecuencias obvias en las pymes y empresas familiares españolas: un colectivo que asciende al 87% del tejido empresarial total.

El documento fiscal habla también de castigar fiscalmente a las sociedades cuyos activos tengan una predominancia de inmuebles. Y, ya en el IRPF, de introducir “cláusulas anti-elusión para evitar la interposición de sociedades o el uso abusivo de sistemas de diferimiento con la intención de impedir la aplicación efectiva de la nueva normativa”. Y de hacerlo, incluso más allá de hasta donde llegó ya el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que sin cambio legislativo avanzó ya en la senda de atacar a las sociedades profesionales a través de la Inspección.

Todo forma parte de una misma estrategia. Bombardear a los contribuyentes con rentas superiores a la media como plan para obtener una recaudación que permita disparar el gasto presupuestario. Por eso se pretende subir el tipo máximo del IRPF en cuatro puntos. Por eso se plantea castigar a los empresarios familiares. Por eso se propone una subida de la fiscalidad del ahorro de hasta doce puntos -como ya ha adelantado OKDIARIO-. Por eso se quieren regular también impuestos medioambientales que castigarán más, por ejemplo, los consumos energéticos de las casas con mayor dimensión o de los coches de gama alta.

Por eso se quiere volver a imponer el Impuesto de Patrimonio. Y por eso se quiere elevar igualmente el límite conjunto del 60% que pagan los mayores contribuyentes por la suma del IRPF y el Impuesto de Patrimonio.
Porque como señala el documento en la parte en la que recoge este último punto -el de la subida del Impuesto de Patrimonio- “no queremos dejar pasar esta ocasión sin proponer la reforma de algunos de sus aspectos, dotándoles de mayor equidad y capacidad recaudatoria en el conjunto del Estado”.