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Suspendido el juicio de los purgados de Podemos porque Iglesias y Elizo se niegan a acudir

Pablo Iglesias y Gloria Elizo, en la comisión de Interior en el Congreso.
Pablo Iglesias, en el Congreso.
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“El testigo, Gloria Elizo no ha comparecido porque está en un pleno del Congreso de los Diputados y Pablo iglesias tampoco”. Así ha comenzado el juicio en el que Podemos se enfrentaba este martes a una denuncia presentada parte de seis purgados extremeños del partido que se quejaron de la poca transparencia de los morados.

A las 10:45 horas en el Juzgado de 1ª Instancia de Madrid varios expulsados de Podemos han acudido para defender en juicio la injusticia de su purga. A la cita deberían haber acudido el secretario general, Pablo Iglesias y la diputada Gloria Elizo.

Iglesias, sin obligación legal de acudir se arriesgaba con su ausencia a que todas las preguntas por parte del abogado de los purgados fuesen aceptadas al no haber sido defendidas ante el juez.

Caso distinto es el de Gloria Elizo que ha excusado su ausencia por acudir al pleno extraordinario que se celebra en el Congreso de los Diputados por petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, en el pleno de este martes no se llevará a cabo ninguna votación por lo que Elizo podría haberse ausentado para acudir al juicio.

Así lo ha reflejado el abogado de los purgados que ha pedido la suspensión del mismo y al que le ha sido concedida.

Ahora, ambas partes tendrán que esperar a que se instaure una nueva fecha que podría retrasarse hasta el próximo mes de enero.

Purgados por quejarse

Los seis militantes de Podemos Extremadura  fueron purgados del partido por denunciar comportamiento antidemocrático de sus órganos y falta de transparencia en la contratación de liberados.

Los afectados fueron cesados de la formación tras presentar un manifiesto denunciando la opacidad de Podemos.

Entre otras, los perjudicados aseguran que la decisión no les fue notificada de forma adecuada y fue adoptada en contra de los estatutos del partido, vulnerando sus garantías constitucionales y seguridad jurídica.

Todo ello causó un revuelo que llegó a generar que los indignados se personas en ante la sede de Podemos en Madrid, en la calle Princesa, para exigir la notificación en papel de la resolución que sostenían que no se les había remitido en forma legal pese a haberla solicitado.

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