Gobierno Pedro Sánchez

La oposición carga contra el ministro de Agricultura, imputado en un caso de robo de aguas en Doñana

Luis Planas
Luis Planas jura el cargo de ministro de Agricultura

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación figura desde 2016 como investigado en una causa sobre el robo de agua en Doñana. La juez instructora encargada del caso le acusa de un delito medioambiental por haber consentido supuestamente las captaciones de agua ilegales cuando fue consejero de Agricultura en Andalucía, entre 2012 y 2013. Sin embargo, la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva prepara ya el escrito en el que se desimputa al ministro por no apreciar delito en su actuación.

La imputación del ministro está siendo utilizada este jueves como munición política de la oposición contra el recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez, que ayer sufrió su primera baja con la dimisión de Màxim Huerta como ministro de Cultura. Ciudadanos exige al ministro que comparezca en el Congreso. El PP, directamente su dimisión.

Planas ha asegurado que no conoció ni tuvo «implicación» en el caso de unas captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana, concretamente en la finca Matalagrama de Almonte (Huelva) alrededor del año 2015. «Ya di mi versión, y ni yo era competente, ni he tenido intervención alguna ni tenía conocimiento», ha dicho, al tiempo ha afirmado que confía «plenamente» en que el proceso judicial termine con su desimputación.

El ministro ha hecho estas declaraciones en la sede del Ministerio de Agricultura, donde ha reunido a los consejeros autonómicos del ramo para hablar de agricultura y pesca.

Planas ha asegurado que él «no estaba en la Consejería» cuando se produjeron los hechos delictivos y ha explicado que en los años 90 la Junta «transfirió» al Ayuntamiento de Almonte, que hizo a su vez otra a unos agricultores. «Ha habido al parecer unos expedientes en relación con riesgos sin autorización», ha dicho.

A pesar de todo, Planas ha insistido en que no hay «absolutamente ningún problema» con el tema, puesto que la Fiscalía «ha dicho por escrito» que él no conocía los hechos ni tuvo intervención alguna. Así las cosas, confía «plenamente» en que el proceso judicial se resuelva y el ministerio fiscal emita el escrito en el que se procede a su desimputación en el caso.

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