Nuevo caso de corrupción en el PSOE pese al negacionismo de Sánchez: imputado un diputado de Page

La Audiencia Provincial de Albacete ha ordenado investigar por prevaricación a Emilio Sáez Cruz, diputado nacional y líder municipal del PSOE en esa ciudad. Se desmiente así las afirmaciones de Pedro Sánchez de este lunes sobre que «el caso Koldo es el único supuesto caso de corrupción que afecta al PSOE».

Ahora, tal como desvela OKDIARIO, otro diputado socialista, ex alcalde de la capital manchega, deberá declarar como investigado por contratar irregularmente servicios de seguridad para la Vuelta Ciclista a España de 2021. Ello a pesar de que la empresa adjudicataria tenía prohibiciones legales para contratar.

La resolución judicial, consultada por este periódico, tumba el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete, que había archivado provisionalmente la causa el pasado marzo de 2024. Los magistrados de la Audiencia consideran que existen «indicios de la comisión del delito de prevaricación» y rechazan la justificación de «fuerza mayor» alegada por la defensa.

El caso se remonta al 18 de agosto de 2021, cuando se celebró la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España en Albacete. Para garantizar la seguridad del evento, el Instituto Municipal de Deportes encargó los servicios a Seguridad Límite 24 horas SL, a pesar de que «estaba incursa aquélla en prohibición legal para dicha relación jurídica, al menos por no estar al corriente del pago de sus deudas con la Hacienda Pública y/o Seguridad Social», según recoge la resolución judicial.

Diputado investigado

La decisión de la Audiencia Provincial supone un varapalo para las tesis del presidente del Gobierno, quien el pasado lunes aseguró rotundamente que «podemos cometer errores o sufrir traiciones, pero el PSOE es una organización limpia». Sánchez había insistido en que únicamente el caso Koldo afectaba a su formación política, una afirmación que queda en entredicho con este nuevo procedimiento judicial.

Además, del caso de Koldo García otro diputado acorralado por corrupción es Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ya ex diputado por el PSOE Canario, en el caso Tito Berni. También cabe recordar a la diputada del PSOE madrileño Carmen López que tuvo que dimitir un por un escándalo de fondos de parados desviados en UGT Madrid. Por otra parte, hay casos sobre el entorno de Sánchez como los de Begoña Gómez, David Sánchez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que participó en actos del PSOE.

Ahora, el diputado Emilio Sáez Cruz tendrá que prestar declaración después de que la Audiencia haya clarificado que su inmunidad parlamentaria «no impide que un denunciado -aún parlamentario- pueda ser investigado ni tampoco que pueda ser citado para declarar». Por ejemplo, el Tribunal Supremo ofreció declarar voluntariamente al ya dimitido Santos Cerdán antes de dejar su acta en la misma Cámara Baja.

Los magistrados subrayan que el privilegio solo opera «con el auto de procedimiento abreviado» que concluye la instrucción. La Audiencia aplica la doctrina del Tribunal Constitucional que permite la investigación parlamentaria sin autorización previa de la Cámara correspondiente.

Los hechos investigados revelan una palpable negligencia en la gestión pública. Según consta en el expediente administrativo, el vicepresidente del Instituto Municipal de Deportes se negó a firmar el contrato «porque si no prevaricaría», siendo consciente de las irregularidades de la empresa adjudicataria. Sin embargo, el servicio se prestó finalmente sin contrato formal.

Prevaricación

La Audiencia considera «inverosímil» la versión de que fueron «los técnicos» quienes tomaron la decisión de contratar, calificándola de «carente de respaldo documental». Los magistrados apuntan a que «quien tomara éste tipo de decisiones, haciendo el encargo a quien realizó el servicio» fue «el responsable político directa o indirectamente».

«Si el contrato era manifiestamente injusto (o prevaricador en apariencia, como reconoció uno de los investigados) como para no firmarlo, más cabe predicarlo si se encarga o contrata sin dicha firma o documentación», argumenta la resolución, desmontando la justificación de urgencia esgrimida por la defensa.

Denuncia policial

El Sindicato de Policía Local de Castilla-La Mancha, que actúa como acusación popular, había denunciado estas irregularidades. Su recurso prosperó después de que la Audiencia considerara que concurren «indicios de delito y de la eventual participación del investigado en el mismo».

Este nuevo escándalo judicial se produce en un momento especialmente delicado para el PSOE, después de la expulsión de José Luis Ábalos como militante y la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización por el caso Koldo. La formación socialista había intentado cerrar filas en torno al discurso de Sánchez sobre la limpieza del partido, pero este caso demuestra que los problemas judiciales trascienden el ámbito estatal.

La investigación continuará ahora con la práctica de las diligencias ordenadas por la Audiencia, incluida la declaración del diputado investigado y del representante de la empresa que prestó los servicios irregularmente. La decisión judicial evidencia que el discurso oficial del PSOE hace aguas.

OKDIARIO ha tratado de recabar la versión de los hechos del diputado castellano-manchego pero, por el momento, no ha lo ha hecho.