Lluvia de quejas de fiscales y magistrados al Gobierno por la “ayudita” de Montoro a Puigdemont

Cristóbal Montoro
Mariano Rajoy al frente del Consejo de Ministros.
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Varios miembros del Gobierno han recibido una lluvia de quejas de fiscales y jueces por negar Cristóbal Montoro la malversación de fondos públicos en el 1-O. El mismo Mariano Rajoy ha recibido varios mensajes quejándose de la actitud del ministro de Hacienda. Pero no ha sido el único. Las quejas han llegado también, según fuentes del Supremo y los fiscales, a otros miembros del Ejecutivo como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, o la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que han podido pulsar el cabreo existente en los estamentos judiciales tras la ‘montorada’.

Todo un aluvión de mensajes que han ido llegando al Gobierno para trasladar el malestar por el hecho de que las palabras del ministro de Hacienda, afirmando que no se habían utilizado fondos públicos en el golpe separatista, se colaran en medio de una investigación judicial abierta, en plena negociación con Alemania de la Euroorden para poder traer a España a Carles Puigdemont precisamente por malversación, y en medio de una utilización masiva por los separatistas del mensaje de que la Justicia española actúa por motivos políticos en vez de con Justicia.

Los mensajes, que han incluido calificativos como “intromisión”, “injerencia”, o incluso “bochorno internacional” han sido trasladados desde distintas capas, pero en especial, por aquellos jueces y fiscales que, por su condición más elevada en la carrera judicial –en especial, en el Supremo– han visto las palabras del ministro de Hacienda como una intromisión injustificable en un proceso que, además, y como señalaba el propio juez Llarena el pasado miércoles, camina por la senda contraria: la de demostrar que efectivamente sí hubo malversación.

Este jueves OKDIARIO adelantaba el informe judicial elaborado por la Guardia Civil que aporta pruebas contundentes sobre la utilización de al menos 1,9 millones en fondos públicos. Un informe que deja la puerta abierta a la elevación de esa cifra y que certifica pagos realizados por la Generalitat con destino a actos, sobres, papeletas electorales, alquiler de locales, pago de observadores internacionales, campañas de publicidad, etc.
Pese a todo eso, Montoro lanzó sus declaraciones afirmando que sus datos negaban el pago con fondos públicos.

“Improvisación y descoordinación”

Los mensajes se han trasladado a distintas personas del Gobierno y han hecho constar que las palabras no ayudan en absoluto a mejorar la imagen de la labor de la Justicia en este caso. Todo lo contrario. Y que se convierten en alimento para los separatistas. De hecho, las propias defensas de algunos de los procesados –como Turull o Bassa– han comentado ya que no entienden la acusación por el delito de malversación cuando el propio ministro la niega.

Y no han sido sólo los profesionales de la Justicia quienes han puesto el grito en el cielo. OKDIARIO ha mantenido conversaciones con altos cargos del Gobierno que igualmente ven “incomprensibles las declaraciones”. “Las palabras parecen pensadas para dar más voto a Ciudadanos”, señalaba uno de los altos cargos.

“Estamos dando una sensación de improvisación y descoordinación que no beneficia en absoluto”, añadía ayer otro destacado miembro de un Ministerio que recordaba que, al final, han costado “el enfado del Tribunal Supremo y que nos saquen los colores horas después con el informe de la Guardia Civil”.

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