El Supremo declara secreta 30 días una pieza con nuevas pruebas sobre el uso de fondos públicos en el 1-O
El Tribunal Supremo declara secreta durante 30 días una pieza con nuevas pruebas sobre el uso de fondos públicos en el 1-O. Se trata del resultado de las últimas diligencias encargadas sobre “gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia”.
Llarena ha comunicado ya que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 de la LECRIM, y con la finalidad de prevenir el compromiso grave del resultado de la investigación y del proceso, se acuerda la formación de una pieza separada que tendrá el carácter secreto para todas las partes personadas (sin que ello afecte al Ministerio Fiscal que no es parte personada, sino órgano constitucional del Estado integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial), por el tiempo de un mes”.
La medida, aclara el Alto Tribunal, está “razonablemente justificada, en circunstancias evidenciadoras de que, como es el caso, la medida resulta imprescindible para el aseguramiento de la protección del valor constitucional de la Justicia”, por lo que solicita al Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica, de la Unidad de Policía Judicial, VII Zona de la Guardia Civil de Cataluña, la aportación de los documentos y demás elementos objetivos” recabados los últimos meses sobre el uso de fondos públicos.
Se trata de uno de los asuntos más delicados de la investigación. Y es que las últimas pruebas apuntan a una utilización clara de fondos conectados a los Presupuestos catalanes para fabricar el golpe del 1-O y para lanzar las estructuras separatistas.
De hecho, otro de los puntos que se estudian es si esa conexión puede acabar en el uso de fondos, no sólo autonómicos, sino también nacionales: por ejemplo, como el FLA.
Una de las últimas pruebas detectadas en esta línea de investigación es la revelación por lo golpistas, precisamente, del mecanismo que planeaban para disparar el uso de fondos públicos. Tal y como ha adelantado OKDIARIO, los golpistas querían destinar 1.100 millones de euros de deuda pública a impulsar la independencia de Cataluña. Su plan pasaba por disparar el endeudamiento que pagan todos los catalanes bajo la premisa de que, a fin de cuentas, ese deuda la cubriría el sistema de financiación y, en última instancia, el Fondo de Liquidez Autonómico, el conocido como FLA. El objetivo final de todo ese volumen de dinero era terminar de construir las estructuras “de país”, como ellos le llamaban, y llegar a la ruptura con España con las bodegas financieras medianamente llenas, tal y como avalan los documentos a los que ha tenido acceso este diario.
Se trata del contenido localizado en una de las conversaciones a las que ha tenido acceso la Guardia Civil. Una conversación mantenida entre Joan Canadell Bruguera, persona de confianza de Jordi Sànchez y el mismo ex presidente de la ANC que ha pretendido recientemente ser presidente de la Generalitat.
Los correos interceptados entre ambos dejan constancia de que su plan consistía, sencilla y llanamente, en disparar la deuda sin miramientos, bajo la esperanza -y el convencimiento- de que, en última instancia, toda España cubriría su derroche separatista.
Canadell “realiza comentarios sobre las consecuencias de no aprobar los presupuestos, entre las que se encuentra el no poder disponer de dinero para estructuras de Estado”, destaca la Guardia Civil en su informe. Era el año 2016. Y los separatistas temían que las tensiones entre los partidos golpistas frenasen el desarrollo de los Presupuestos.
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