El responsable de Acción Social de la Generalitat boicotea el 155 mintiendo sobre recortes inexistentes

El director catalán de Acción Social divulga mentiras y culpa al 155 de quitar servicios a ancianos. Su nombre es Bernat Valls i Fuster. Su cargo, director general de Ación Cívica y Comunitaria. Y en plena aplicación del artículo 155 de la Constitución, está utilizando su cargo para divulgar mentiras sobre el impacto de la intervención del Gobierno en Cataluña. Lo acaba de hacer en una reunión mantenida con los responsables de estos centros. En la que ha asegurado que el 155 pone en peligro la continuidad de determinados servicios que se están prestando a las personas mayores por los recortes que acarrean.

La versión de Valls es falsa. El Gobierno ha dado la orden de que los servicios no se pueden restringir porque no se debe dar ninguna sensación de que la intervención supone el más mínimo menoscabo de la asistencia que recibe la población.

La orden ha sido dada por el Gobierno de forma general. Ni se han recortado subvenciones, ni se han reducido servicios. Pero eso no ha sido un problema para este director de la Generalitat que ha aprovechado reuniones de coordinación para lanzar el mensaje de que el impacto se va a notar en servicios como el deporte o los cuidados que se ponen a disposición de los más mayores.

El Gobierno es consciente de que este tipo de mensajes han seguido surgiendo tras el 155. Y de que cargos con clara orientación separatista siguen difamando desde dentro de la Administración catalana. Pese a ello, ha preferido mantener un impacto limitado en la aplicación del 155 para evitar “un mayor traumatismo y el victimismo”, como explica una de las personas conocedoras de la aplicación de la intervención y de la situación actual en Cataluña.

Un millón menos para los casals

Recientemente, un mensaje similar ha saltado a través de los centros catalanes en el exterior, los denominados casals, que han comenzado 2018 denunciando el fin de una partida de un millón de euros que esperaban. Según ellos, las consecuencias de alargar la falta de subvenciones les pueden provocar problemas económicos hasta el punto de tener dificultades “importantes” para llevar a cabo las actividades básicas de las casas.

Pero lo cierto es que sólo se han retirado las partidas de gasto que tenían relación directa con el impulso político del separatismo o del referéndum ilegal del 1-O. No con actividades culturales puras o de asistencia al turismo o a la divulgación de la imagen de Cataluña.

De hecho, el problema es el contrario. Y es que la aplicación del 155 se ha realizado de una forma tan limitada que algunos de los cargos que han permanecido en sus puestos pese a la intervención han acabado apareciendo implicados en la preparación del golpe. Ha sido el caso de Víctor Cullell. Él es el encargado de aplicar el artículo 155 en Cataluña y acaba de aparecer en el último listado policial de implicados en los correos preparatorios del golpe del 1-O –tal y como adelantó OKDIARIO–. Su nombre completo es Víctor Cullell i Comellas y en estos momentos es “secretario del Gobierno” de la Generalitat en plena aplicación del artículo 155.

Su cargo actual es muy parecido al que tenía durante su etapa en el Govern golpista y el referéndum ilegal del 1-O, cuando era “secretario de Autogobierno”. La Guardia Civil acaba de entregar a la Justicia su nombre junto con el de otros 31 cargos –entre ellos, la aspirante a la Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi– acompañados de la siguiente anotación: «Correos relativos a los preparativos para la celebración de las elecciones del 1 de octubre. […] Personas físicas intervinientes en los 53 correos analizados considerados de interés”.

Y no se trata del único cargo que permanece en puestos clave de la Generalitat y que figura en la nueva lista de la Guardia Civil remitida a la Justicia. También figuran Marta Subirà y Roca, actual Secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad –durante el golpe del 1-O tenía exactamente el mismo cargo–, y Josep Ginesta y Vicente, ahora y antes secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia -una de las carteras donde más información puede haber sobre el posible uso de fondos públicos destinados al 1-O, básicamente, porque fue una de las grandes áreas asistidas por el rescate autonómico.