España

El ex secretario general de UGT Asturias es detenido por fraude en cursos de formación

Agentes de la UCO durante el registro a la sede de UGT Asturias en Oviedo (Foto: EFE)

El que fuera secretario general de UGT-Asturias de 2000 a 2016, Justo Rodríguez Braga, tres miembros de su ejecutiva y dos trabajadores del entorno del sindicato han sido detenidos hoy por su relación con el presunto fraude en la gestión de cursos de formación para el empleo que investiga un juzgado de Oviedo.

Las detenciones se practicaron a primera hora de la mañana mientras varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpían en la sede del sindicato en la capital asturiana, un edificio de doce plantas que alberga oficinas de la sede regional, federaciones, fundaciones y empresas vinculadas.

Registro y detenciones se llevaron a cabo por orden del Juzgado número 4 de la capital asturiana, que investiga si el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Asturias y la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (Infastur) hincharon contratos para elevar de forma artificial los costes de los cursos de formación costeados con subvenciones del Gobierno asturiano.

La investigación se inició a finales de 2014 a raíz de la denuncia de un ex trabajador de UGT-Asturias que llevó a la Fiscalía a denunciar en diciembre de 2015 al sindicato por presunto fraude en las subvenciones, caso del que se hizo cargo la jueza María Luisa Llaneza.

Además de Rodríguez Braga, que fue detenido en su domicilio de Gijón, la Guardia Civil procedió durante la mañana a la detención de los dos últimos responsables de Formación en sus ejecutivas, Daniel Rodríguez y Manuel Díaz Cancio, así como la ex responsable de Comunicación y ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Carmen Caballero.

La relación de arrestados se completa con un trabajador del departamento de contabilidad y nóminas del sindicato, Alberto G.C., y una empleada del Instituto de Formación y Estudios Sociales, Silvia S.F..

Fuentes cercanas a la investigación han señalado que los seis detenidos pasarán la noche en la Comandancia del Instituto Armado de Oviedo y que mañana, miércoles, pasarán a disposición judicial.

Las detenciones coincidieron con el registro que durante más de siete horas practicaron los agentes de la UCO en los despachos de la sede regional de UGT, del IFES e Infastur, que se encuentran en el mismo edificio.

Su actuación fue calificada de “espectáculo innecesario” por el actual secretario general del sindicato, Javier Fernández Lanero, que, arropado por su ejecutiva y cargos del sindicato, ofreció una rueda de prensa en la que aseguro que todos “los cursos están impartidos y justificados en base a las indicaciones que había en los pliegues de las convocatorias”.

“Llevamos más de un año de investigación por los cursos de formación y no era necesario este despliegue de medios porque estamos desde mayo a disposición de la justicia, que queremos que actúe rápido”, ha señalado Lanero, que considera que esta actuación ha provocado un “daño irreparable” a UGT y a los trabajadores.

Lanero, hijo del histórico dirigente ugetista ya fallecido Manuel Fernández ‘Lito’ y responsable regional de UGT desde el pasado mayo, ha incidido en que desconoce qué es lo que busca la Guardia Civil y que, aunque tampoco puede poner la mano en el fuego por nadie, sí puede afirmar que “la gran mayoría de la gente que trabaja en el sindicato intenta hacer las cosas bien”.

Al margen de los detenidos hoy, el Juzgado que instruye este caso citó hace meses a declarar al responsable del IFES de Asturias, Andrés de Dios, y a responsables de INFASTUR y de otra empresa también filial de UGT, Localmur, por su presunta implicación a la hora de inflar las facturas de los locales alquilados para dar cursos de formación en distintos puntos de Asturias.

Tras la denuncia de la Fiscalía, el Gobierno asturiano también se personó en la investigación abierta, procedió a la revisión de las ayudas concedidas a UGT y en el primer trimestre de 2015 acordó la revocación de subvenciones a UGT por importe de 347.000 euros (más de 400.000 euros con los intereses de demora).

No obstante, tras esa decisión, el sindicato ganó algunos juicios en los procedimientos contencioso-administrativos que presentó contra la revocación de las ayudas.

UGT siempre ha asegurado, y lo ha reiterado hoy en un comunicado, que siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad vigente, que está dispuesta a colaborar con la justicia y que espera que la investigación se realice con celeridad “para no seguir poniendo en entredicho, durante más tiempo” su labor en materia de formación.

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