Los gestores administrativos piden una «transformación profunda» de todas las normas de Vivienda de la ‘era Sánchez’

El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, considera que en materia de Vivienda hay que llevar a cabo «una transformación profunda de todo lo que se ha hecho desde 2019» en nuestro país. Es decir, una renovación estructural de las medidas implementadas desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

Así lo declaraba con total contundencia este martes el responsable del organismo tras la presentación de su Informe sobre Vivienda. De hecho, en su propio documento los gestores administrativos piden específicamente «revisar y simplificar la normativa de arrendamientos urbanos desarrollada desde 2019».

El texto recoge la necesidad de «eliminar las cargas y restricciones que hayan demostrado retirar oferta del mercado sin proteger a los colectivos vulnerables, preservando expresamente las garantías frente a la pérdida de vivienda sin alternativa habitacional».

Concretamente, esta revisión, según dictan los expertos, se apoyaría en «una evaluación técnica independiente del impacto real de la normativa vigente sobre la oferta de alquiler, distinguiendo las medidas que han demostrado eficacia protectora de las que han generado inseguridad jurídica sin beneficio equivalente para los inquilinos», destacan.

Los expertos consideran, repasando las décadas pasadas, que «tras varios años marcados por la recesión económica», la caída de los precios y la paralización de la actividad inmobiliaria, el año 2015 abrió un nuevo ciclo para el mercado residencial español.

«La recuperación del crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de las condiciones financieras devolvieron progresivamente la confianza a familias, empresas e inversores. Sin embargo, esta nueva etapa no supuso un regreso al modelo anterior», apostillan antes de exponer todos los factores que volvieron a hundir a España a partir de 2019 en la actual crisis de vivienda.

Compensación a propietarios

En esta misma línea disruptiva, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos propone establecer una compensación automática a los pequeños propietarios cuando se suspenda un desahucio por vulnerabilidad social para evitar, precisamente, que la protección social recaiga sobre ciudadanos particulares.

La medida, explican, se financiaría con fondos autonómicos de emergencia social, con refuerzo estatal en los casos de mayor concentración, y se calcularía sobre la renta de mercado de referencia. El informe plantea establecer un marco normativo en 18 meses y dirigir la compensación a personas físicas con hasta tres viviendas.

Para el organismo, estos arrendadores son aquellos para quienes la renta constituye «un complemento relevante de sus ingresos familiares o de su pensión».

Asimismo, los gestores administrativos señalan que, para proteger al pequeño propietario a quien han defendido negarse a llamar «especulador», se debería establecer también «un mecanismo que cubra impagos y determinados daños cuando el propietario alquile como vivienda habitual dentro de precios de referencia, reduciendo la percepción de inseguridad jurídica» que hoy, apuntan, «retira oferta del mercado».

«El sistema se financiaría mediante una prima moderada, compartida entre Administración y propietario, y se limitaría a contratos de vivienda habitual dentro de los precios de referencia estatales», argumentan.

En materia de construcción, el informe propone un Programa Nacional de Producción Residencial que priorice Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga, provincias que concentran, según el documento, el 52,5% del déficit de vivienda. También aboga por movilizar suelo público, elaborar un inventario nacional de suelo disponible y agilizar los procedimientos urbanísticos, que cifra en más de ocho años de media.

El documento incluye además un procedimiento rápido de mediación para resolver conflictos relacionados con impagos, fianzas y reparaciones, así como un registro estadístico de rentas reales basado en contratos formalizados y depósitos de fianzas, en lugar de depender de los precios anunciados en los portales inmobiliarios.