Trump exige al Supremo una «resolución urgente» sobre los aranceles para evitar «una devastación»

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha exigido al Tribunal Supremo del país que emita una «resolución urgente» sobre los aranceles tras un fallo del pasado 30 de agosto que los declaró ilegales. El dirigente republicano considera que la Justicia americana debe dar marcha atrás para evitar «una devastación».

En concreto, Trump quiere que el Supremo revoque una sentencia de un tribunal federal que declaró ilegales muchos de sus aranceles, una petición que presentará, como muy tarde, este miércoles.

«Vamos a acudir al Tribunal Supremo, creemos que mañana (este miércoles) porque necesitamos una decisión rápida. Vamos a solicitar una resolución urgente», ha afirmado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente de EEUU ha asegurado que esta decisión viene motivada porque «sería una devastación para nuestro país» si se mantuviera el dictamen del pasado viernes del Tribunal de Apelación del Circuito Federal de Estados Unidos.

Este tribunal consideró que Trump invocó indebidamente una ley de emergencia para imponer aranceles a decenas de socios comerciales, incluidos los gravámenes a las importaciones chinas, canadienses y mexicanas que, según él, tenían por objetivo combatir el tráfico transfronterizo de fentanilo.

Con todo, los jueces han permitido que se mantengan los aranceles durante la tramitación del caso. Es decir, la política arancelaria de Trump seguirá vigente hasta mitad de octubre porque el dictamen pretende dar tiempo a un posible recurso del Gobierno de Trump ante la Corte Suprema de Justicia.

El futuro de los aranceles de Trump

El Tribunal de Comercio Internacional ya dictaminó que Trump se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria.

En un extenso fallo de 127 páginas, el tribunal explicó que esta ley no menciona explícitamente los aranceles ni sus sinónimos, ni incluye garantías procesales que limiten claramente la capacidad del presidente para imponerlos.

Por lo tanto, el tribunal sostiene que esta ley no otorga al Ejecutivo la autoridad para establecer impuestos comerciales, reafirmando que dicha facultad recae en el Congreso.

El fallo responde a dos demandas presentadas contra los aranceles de Trump: una por un grupo de pequeñas empresas afectadas por los gravámenes y otra por una coalición de estados que consideraron las medidas perjudiciales para sus economías.

Estas demandas surgieron tras las órdenes ejecutivas emitidas por Trump el 2 de abril, a las que el entonces presidente se refirió como el día de la liberación de Estados Unidos de políticas comerciales injustas. Dichas órdenes establecieron un arancel base del 10% a casi todos los países del mundo, además de aranceles «recíprocos» dirigidos a docenas de naciones específicas.