La trampa de Sánchez para bajar el déficit: gasta 4.399 millones menos en ayudas por el fin del Covid

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado este viernes que el déficit de la Administración central se ha reducido en noviembre hasta el 2,16% del PIB, frente al 2,22% del año 2022. Pero esta reducción tiene varios trucos. En primer lugar, el déficit es mayor que el año pasado medido en términos absolutos -31.627 millones de euros, un 5,8% más que en 2022-, por lo que sólo baja en porcentaje porque el PIB ha aumentado. Y, en segundo lugar, porque Sánchez ha tenido a su favor el fin de la pandemia, lo que le ha permitido reducir en este 2023 en casi 4.400 millones el gasto en ayudas por el coronavirus que sí repartió en 2022.

Lo mismo se puede decir del déficit del conjunto de las administraciones públicas hasta octubre -último dato contabilizado-. El déficit hasta octubre de administración central, comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social ascendió al 1,29% del PIB, frente al 1,40% de 2022. Pero, como en el caso del Estado, en términos absolutos crece un 0,2% hasta 18.849 millones de euros.

Por lo tanto, como ya advirtió la AIReF y otros expertos, Sánchez no está reduciendo el déficit porque esté moderando el gasto, sino que el déficit cae en porcentaje simplemente por el alza del PIB y por la retirada de las ayudas que se pusieron en marcha para paliar los efectos del coronavirus y que en 2023 no han sido necesarios.

Según el informe de Hacienda, hasta noviembre se han repartido 4.400 millones de euros menos en subvenciones. «El conjunto de las subvenciones concedidas se ha reducido un 43,1%, desde 10.196 millones hasta 5.797 millones. Entre las ayudas concedidas se recogen aquellas que se implementaron en 2022 con el objetivo de paliar los efectos del alza de los precios en diversos sectores, principalmente se destinaron al transporte, a empresas intensivas en consumo de gas, a transportistas con derecho a devolución parcial del impuesto de hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional, a compensar al sistema eléctrico por la reducción de peajes a consumidores electrointensivos, a la financiación de la tarifa de último recurso (TUR) en el gas natural, al precio del gasóleo de productos agrarios, a actuaciones del almacenamiento subterráneo, a financiar la reducción de precios en abonos y títulos multiviaje, etc», señala Hacienda.

Y continúa: «A finales de noviembre de 2023 el conjunto de todas ellas ha supuesto 2.080 millones, mientras que en el mismo período de 2022 la cifra es de 5.871 millones, de los que 4.683 millones fueron las ayudas al
consumo de combustible».

En definitiva, el déficit real de las administraciones públicas ha aumentado respecto al año pasado pese a que los impuestos han subido y han proporcionado nuevos ingresos a las arcas públicas. Por ejemplo, el impuesto a las energéticas y a la banca, el de los plásticos, o la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social. Por la tasa a bancos y energéticas, y por el impuesto a las grandes fortunas las arcas públicas han ingresado 3.530 millones este año, más otros 444 millones por la tasa al plástico.

Déficit

Son casi 4.000 millones de euros más que en 2022 en ingresos, que se suman a los 4.400 millones que no ha tenido que gastar por el fin del coronavirus. Sólo por estos dos apartados el déficit tendría que haberse reducido en al menos estos 8.400 millones de euros. Sin embargo, la realidad es que en términos absolutos ha aumentado.

Es cierto que Sánchez ha tenido que afrontar un incremento del coste de los intereses de la deuda por la subida de los tipos de interés, pero la ayuda del Banco Central Europeo (BCE) todavía se mantiene y también han aumentado los intereses que recibe el Gobierno del Banco de España por el dinero que mantiene en sus cuentas corrientes. También ha ingresado más dinero este año por las subastas de dióxido de carbono, que pagan las comercializadoras para generar electricidad con gas.

El aumento del gasto está, entre otras partidas, en los fuertes incrementos de las pensiones -todas por igual, cobren lo que cobren los jubilados-, en nuevas prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, sueldos de funcionarios y aumento del empleo público, en asesores a dedo y numerosos ministerios, y en los llamados chequevotos, como las ayudas a los jóvenes para que consuman cultura: 400 euros para quien cumpliera 18 años.