Los técnicos de Hacienda crean su lista de paraísos fiscales con 130 territorios frente a la de la UE

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han elaborado su propio listado de paraísos fiscales, en el que aparecen 130 territorios offshore clasificados en una lista negra de 30 países, y otra lista gris de 100 paraísos, según la capacidad de dichos territorios para favorecer la evasión o la elusión fiscal.

Así, tras su última investigación, los técnicos señalan que la lista europea que previsiblemente se aprobará este martes en el marco de la reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) será «incompleta», por lo que, a su juicio, tendrá unos efectos muy limitados en la lucha contra la evasión de impuestos.

El sindicato señala que su listado es «mucho más ambicioso» que el europeo, ya que incluye a aquellos países que se han comprometido a «adoptar un proceso de aprobación» de medidas de transparencia, a los que no han demostrado esa transparencia, a los paraísos situados en países en desarrollo, a los del Caribe asolados por los recientes huracanes, a los países de la propia Unión Europea que favorecen la elusión fiscal y a los territorios offshore que igualmente pertenecen a algunos miembros comunitarios.

«Se incluyen criterios políticos»

Además, los técnicos lamentan que las listas oficiales se elaboren incluyendo «criterios políticos», como el precedente de la OCDE, cuyo listado incorpora a un solo país no cooperante, y creen que debería incluir también, tal y como estableció Bruselas al inicio del proceso, a todos los territorios con escasa o nula tributación y de apreciable opacidad en los ámbitos bancario, registral y mercantil, al tratarse de un fenómeno global.

En este sentido, señala que sus listas de paraísos fiscales serán modificadas conforme se produzca el intercambio automático de información y se conozcan los verdaderos titulares de cuentas y sociedades offshore.

Asimismo, los técnicos piensan que la Comisión debería crear una base de datos de evasores y elusores fiscales transfronterizos a la que todos los países miembros tuvieran pleno acceso, así como implantar sanciones concretas para las jurisdicciones incluidas en la lista.

Nuevas sanciones

A juicio de Gestha, las sanciones contra las jurisdicciones no cooperativas que figuren en la lista de la UE tendrían que promover cambios en la legislación de dichos lugares, como la suspensión de los acuerdos de libre comercio, de los convenios para evitar la doble imposición, de la financiación de la UE, o la prohibición para todas las instituciones y entidades públicas de la UE de abrir cuentas u operar en las jurisdicciones de la lista común o contratar con empresas que operan en paraísos fiscales.

Los técnicos de Hacienda piden que las sanciones se apliquen también a las empresas, bancos, abogados, contables y asesores fiscales que hayan participado o promovido actividades o acuerdos empresariales fiscales de carácter ilegal, perjudicial o ilícito en dichas jurisdicciones, como la revocación de las licencias profesionales de trabajadores y empresas que hayan participado en el diseño de la planificación fiscal agresiva o evasión fiscal.

También aquellas que hayan asesorado sobre su uso, incluyendo una responsabilidad financiera proporcional de los asesores fiscales, bancos e instituciones financieras implicados en prácticas fiscales ilegales o que faciliten las transferencias a paraísos fiscales.

El intercambio de información «no es suficiente»

De igual forma, consideran que no es conveniente excluir a los paraísos fiscales que han firmado acuerdos de intercambio de información, puesto que la experiencia de los Papeles de Panamá, del Lux Leaks o de los Paradise Papers demuestran que «no son eficaces para acabar con la opacidad», por lo que se muestran «escépticos» sobre el compromiso adquirido por algunos países de adoptar normas internas de transparencia.

De hecho, aseguran que la firma de un acuerdo de este tipo no garantiza el intercambio efectivo de información, porque una Administración tributaria no puede solicitar la documentación que se desconoce, ya que las peticiones genéricas de información o fishing expeditions están prohibidas. Por ello, abogan por una lista que actúe a gran escala para hacer frente a la corrupción.