El taxi a por todas: piden al juez que prohiba los VTC y una indemnización de 20.000 euros por taxista

Los demandados son las dos plataformas, que trabajan de intermediarios entre los propietarios de las licencias y el cliente, y las tres principales empresas dueñas de las VTC. Se trata de Ares Capital, Cibeles Comfort y Gesstaxi Gestión. La primera está presidida por Nicolás Guardans y participada por Jaime Castellanos, y las dos últimas son propiedad de José Antonio Parrondo, ex directivo del sector del taxi.

En el escrito de la denuncia, el ex magistrado Silva justifica la petición del cese de toda actividad de los VTC en que han cometido un delito de competencia desleal con el taxi puesto que las licencias VTC son estatales y con el único permiso de dar servicio interregionales, entre comunidades autónomas.

En cambio, según argumenta en la denuncia, las VTC están ofreciendo un servicio interurbano, algo para lo que necesitarían una segunda licencia de la comunidad y el Ayuntamiento correspondiente. Silva denuncia que con una licencia estatal para operar en trayectos entre regiones están ofreciendo un servicio urbano, dañando al taxi.

Además, según la denuncia, las VTC se han saltado la norma han funcionar mediante una App que les permite funcionar prácticamente como un taxi, circulando por la ciudad como si fueran un taxi a la espera de ser llamados a través del móvil, algo muy extendido ya actualmente. Según el sector del taxi, dar respuesta a ese servicio «espontáneo» es un exclusivo del taxi. «Para solicitar el servicio de los VTC se exige legalmente un encargo específico, formulado mediante una “contratación previa”, dice la demanda.

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En segundo lugar, la demanda explica también que los VTC se han saltado la norma estatal de un VTC por cada 30 taxis. Esa circunstancia se ha vulnerado en Madrid y Barcelona dándose el hecho de que los fines de semana hay más licencias de VTC trabajando que taxistas.

Por todo esto, según Silva, las licenciatarias de VTC han cometido un delito de competencia desleal con el sector del taxi y les reclama algo más de 20.000 euros por taxista. Según la denuncia, el impacto para el sector de la existencia de las VTC desde 2014 hasta 2018 es de 960 millones de euros y el número de taxistas en ese periodo era de 70.100.

Aunque la denuncia la firman 753 taxistas, en caso de sentencia favorable se unirían el resto por lo que el montante global alcanza los 1.400 millones de euros.