El sector del VTC entrega al PSC su propuesta de la ley del taxi: «Que la lea aunque no le haga caso»

El sector del VTC ha preparado su propia ley del taxi para Cataluña para plantear una alternativa ante la nueva normativa que quiere imponer la Generalitat y que podría costar hasta 6.000 puestos de trabajo, según ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes cercanas. Dicha propuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, se ha entregado al PSC y a Junts. Sin embargo, el sector prevé que los políticos no les van a hacer ningún caso.

En ese sentido, el sector del VTC cree que, con esta ley alternativa, tiende su mano en algunas cuestiones importantes como la electrificación de sus vehículos. Saben que el PSC no les va a hacer caso, pero quieren «al menos, poner en valor que el sector se ofrece a ser 100% verde con tal de que no le exterminen».

La ley alternativa propuesta por estos conductores tiene como objetivo  establecer un marco regulatorio que sea claro, estable y sostenible, sin que ello implique que se tenga que dejar la actividad o restricciones imposibles de cumplir.

Así, la propuesta surge como respuesta a la necesidad de crear un modelo de movilidad eficiente y sostenible, especialmente en el Área Metropolitana de Barcelona, donde se concentra la mayor parte de las emisiones, y tiene como objetivo principal promover la transición ecológica y la eficiencia en la movilidad urbana e interurbana, así como brindar seguridad jurídica a los operadores del sector.

La ley propuesta por los VTC

Para lograr esto, el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO se alinea con la normativa europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el sentido de que se centra en el uso de vehículos con etiqueta ambiental CERO emisiones, la eliminación de barreras técnicas injustificadas y el fomento de la competencia leal.

Entre las medidas más destacadas propuestas por el propio sector del VTC se encuentra la habilitación automática para los vehículos con etiqueta CERO emisiones que ya cuenten con una autorización de la Generalitat o del Estado para prestar servicios urbanos en Cataluña. Esto se hará sin necesidad de autorizaciones municipales adicionales.

Además, la ley alternativa exige que los titulares de diez o más autorizaciones VTC garanticen que al menos el 5% de sus vehículos sean adaptados para personas en silla de ruedas, y se establece la posibilidad de que los servicios puedan ser contratados por plaza con pago individual.

La propuesta también detalla un régimen sancionador para infracciones muy graves, graves y leves, con multas que van desde los 201 hasta los 6.000 euros. Las infracciones muy graves, como operar sin la debida autorización o con documentación falsificada, resultarán en la inmovilización inmediata del vehículo.

La ley también pretende promover la coordinación entre la Generalitat, ayuntamientos y entes metropolitanos para asegurar una aplicación homogénea y eficiente de la normativa. La propuesta de ley, por lo tanto, busca modernizar y racionalizar el acceso al mercado de los VTC en Cataluña, equilibrando la libre competencia, la sostenibilidad ambiental y la calidad del servicio a los ciudadanos, sin necesidad de destruir el sector.

Con todo, lo más probable es que la ley redactada por el entorno de los VTC quede en saco roto y que el Gobierno de Illa continúe con la prevista. Esta medida de la Generalitat ha puesto en alerta a plataformas como Uber o Cabify, que temen desaparecer de grandes ciudades como Barcelona.