La revolucionaria propuesta fiscal de PP y Vox convertiría a España en el nuevo Luxemburgo

El español tiene la buena costumbre de no leerse el programa electoral del partido político al que vota. La califico de ‘buena’ porque, como todos sabemos, ese programa no resulta vinculante. Unos prometieron una radical bajada impuestos y luego, los subieron. Otros, el arrinconamiento de golpistas y bilduetarras y después, los convirtieron en socios negociadores de las cuentas públicas. Sin embargo, la derecha española lo ha vuelto a hacer. Esta semana, PP y Vox han presentado sus programas económicos y no parecen ir de fake con eso de plantear la que podría ser la reforma fiscal más ambiciosa de nuestra historia.

Empecemos por lo básico para todo el que se haya asustado con el titular de esta columna: Luxemburgo no es un paraíso fiscal. Tampoco una ‘jurisdicción no cooperativa’, como lo denominó el Gobierno cuando actualizó a principios de año la lista de los ahora conocidos como ‘regímenes fiscales perjudiciales’. Esta black list no incluye a Luxemburgo. El Gran Ducado en realidad es un país de baja tributación que respeta las reglas fiscales europeas y, a la vez, fomenta la riqueza de empresas y personas. Pues bien, su horizonte es el mismo por el que han apostado los partidos de Feijóo y Abascal, tras ver cómo Sánchez ha llevado a los españoles a récords de pérdida de poder adquisitivo y, peor aún, de pobreza.

Si tan sólo cumplieran con la promesa de la bajada de la tarifa estatal del IRPF, España se convertiría en el nuevo Luxemburgo. El PP ha puesto negro sobre blanco la deflactación de este impuesto directo, con la intención de que se aplique este mismo año. De llegar a Moncloa, aquellos ciudadanos que este 2023 ganen en cómputo anual menos de 40.000 euros brutos, podrían percibir un mayor salario (quizás) desde el próximo mes de septiembre. Vox da un paso más y apuesta por bajar al 15% el IRPF de las rentas inferiores a los 70.000 y del 25% para las superiores, eso sí; con el objetivo final de conseguir un tipo único del 15%.

Unos y otros creen necesarias ayudas para la vivienda y las familias, aunque el plan de Abascal es aún más ambicioso. A través de diferentes mecanismos en este impuesto que se presenta entre abril y junio de cada año, multitud de conceptos serían deducibles: la inversión en vivienda habitual, el coste del alquiler, las pensiones contributivas, el asistente del hogar y personal sanitario que ayude en casa o los gastos escolares.

Vamos, como sucede en Luxemburgo, donde sus ciudadanos pagan un tipo efectivo de IRPF muy bajo y son las grandes empresas las que sostienen el erario público. Y sí, allí la sanidad pública y las carreteras funcionan. De hecho, los conductores de sus autobuses cobraban, al menos hace unos pocos años, la friolera de seis mil euros mensuales. Oigan, hacían su trabajo encantados, hasta con vientos huracanados, bajo la nieve o sobre el hielo.

Pero volviendo a España, parece que la alternativa de derechas ha entendido que es necesario bajar de una vez por todas el IVA. Ahora más que nunca, urge disminuir este impuesto para que las familias más modestas puedan adquirir los productos básicos y de primera necesidad. Que nadie tenga que elegir entre comprar una buena carne o una lata de albóndigas, como la que incluyó Yolanda Díaz en su comunista cesta de la compra preparada.

Asimismo, PP y Vox entienden que la educación es el ascensor social de las familias menos pudientes y que hay que ayudar vía bonificaciones o menor burocracia a las pequeñas y medianas empresas. Y muchas propuestas más que en uno y otro programa podrá verificar usted mismo antes de ir a votar el próximo 23J. Porque sí, otra España es posible y, en cuestiones fiscales, no tenemos nada de lo que avergonzarnos por querer parecernos un poquito más al estado con el tercer mayor producto interior bruto per cápita del mundo.