Restalia cuantifica los daños por la denuncia fallida de ex franquiciados en más de 10 millones

Restalia y su equipo jurídico ya han iniciado los trámites para ejercer las acciones legales civiles y penales contra el grupo de ex franquiciados que denunciaron a la compañía por supuesta estafa y que el juez archivó hace unos meses en un auto demoledor para la parte denunciante. Según ha podido saber OKDIARIO, Restalia ha contratado a las consultoras PriceWaterHouseCooper y Thinking Heads, las cuales concluirán los infomres pertinentes y cuantifica en más de 10 millones de euros el daño reputacional y en términos de negocio ocasionados.

Los despachos de Garrigues, a través de su socio Pedro Miguel González, y del reconocido abogado penalista José Antonio Choclán serán los encargados de liderar los procesos judiciales, tanto civiles como penales, que se iniciarán tan pronto se archive la causa de manera definitiva y cuyo plazo se estima que será antes de que finalice el año.

Tal y como había anunciado la compañía una vez se dictó el auto de archivo, su objetivo era emprender las acciones de cualquier índole frente a la «intencionada campaña de desprestigio» que se ha llevado a cabo y de reclamación de los perjuicios que estas actuaciones ocasionaron. Pasados algo más de tres meses desde entonces, Restalia -dueña de las marcas 100 Montaditos, The Good Burger -TGB-, Cervecería La Sureña Jarras y Tapas, Panther Organic Coffee y Pepe Taco- ha iniciado los trámites legales contra todos aquellos que han dañado «la imagen y reputación de una compañía comprometida de manera firme y constante con sus franquiciados», como anunciaron en su día.

Expertos jurídicos consultados estiman que las acciones legales que podría emprender Restalia podrían ser varias, desde querellarse por denuncia falsa, infracción de derecho al honor, intimidad y propia imagen, o acciones de competencia desleal, pues los denunciantes tienen intereses en cadenas de la competencia. Respecto a los abogados, podrían reclamar por infracción de derecho al honor, por vulneración del código deontológico por fallar a la presunción de inocencia con objetivo de negocio y la búsqueda de clientes y la reclamación de los daños causados.

Resoluciones a favor de Restalia

Restalia también ha ejercitado y está ejercitando acciones con resoluciones judiciales a su favor frente a algunos de los ex franquiciados que lideraron la fallida denuncia por incumplimientos del Contrato de Franquicia, uso ilegítimo de la marca y engaño por parte de estos a los clientes sobre su continuidad en la red de franquicias pese a la extinción de sus contratos. Entre estos locales se encuentran entre otros, dos TGB, uno localizado en el Centro Comercial INTU XANADU y el otro en INTU ASTURIAS.

«Ambos locales ya no forman parte de la franquicia y, sin embargo, como se ve en las redes sociales y fichas de Google, siguen operando, en contra de las resoluciones dictadas, con el rótulo de TGB, generando múltiples quejas de clientes por no cumplir con promociones, no vender los productos de la cadena, etc, pese a mostrar apariencia de que operan bajo la marca», según fuentes consultadas.

Fue el pasado 31 de enero cuando el juez archivaba la denuncia de un grupo de ex franquiciados contra Restalia al no encontrar indicios de delito alguno, echando por tierra todas las argumentaciones esgrimidas por los bufetes encargados del caso, los abogados Rafael Franco y José Luis González-Montes, del bufete Cremades & Calvo, representantes del grupo de ex franquiciados liderados por Enrique Cebeira, Julián García y José Antonio Lombardía. Según indican las fuentes consultadas, precisamente la rueda de prensa ofrecida por estos tres ex franquiciados en uno de los despachos de abogados que iniciaron la denuncia contra Restalia será uno de los elementos del procedimiento.

Según apuntaba el auto, muy duro contra los querellantes, la denuncia contenía «un totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento, que no son sino valoraciones interesadas y muy subjetivas».

«La hipótesis delictiva de que todos los denunciados constituyen una organización criminal no supera el análisis más básico que se pueda realizar (…) y se obvia, por la razón que sea, el gran número de franquiciados de The Good Burger, 100 Montaditos, La Sureña o La Sureña Blue, que actualmente siguen abiertos al público, y pensemos que con una actividad económica lo suficientemente rentable como para mantenerse en el negocio», afirmaba el auto del juez.

El caso de la denuncia contra Restalia saltó a los medios de comunicación el pasado mes de junio -un año después de haberse interpuesto-, cuando se hacían eco de la denuncia de un total de 31 establecimientos franquiciados (de los 700 en funcionamiento) contra Restalia, varias de sus filiales y empleados. Se les denunciaba por organización criminal, estafa, coacciones y delitos informáticos, acusando a la compañía de haber actuado con engaño y de llevarlos a la ruina económica.

El archivo del caso, dijo Restalia entonces, «confirma que ni Restalia ni ninguno de sus directivos cometieron delito alguno, habiendo actuado siempre con plena sujeción a la ley», e insiste en la situación de «absoluta indefensión» sufrida «mientras se publicaban noticias filtradas por los interesados totalmente sesgadas que han causado un daño muy relevante, no solo a Restalia, sino también a los cientos de franquiciados que mantienen sus negocios abiertos».