El reparto de fondos europeos a las empresas está en peligro porque el Gobierno no aprueba el reglamento

El maná de los fondos europeos (72.000 millones solo en subvenciones) que muchas empresas españolas ansían recibir para superar la crisis está en peligro por culpa de la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo no ha redactado aún el reglamento imprescindible para su reparto entre proyectos que solicitan mucho más dinero, y ni siquiera se ha aprobado en el Congreso como Ley el Real-Decreto que sentaba las bases del proceso, y eso que es de diciembre. De hecho, la presentación de enmiendas lleva trece prórrogas. Y las comunidades autónomas no tienen información sobre el procedimiento ni los proyectos.

El citado Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre del año pasado, establecía las diferentes figuras para presentar proyectos a estas ayudas, entre ellos los famosos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), que implican colaboración público-privada y que se llevarán el grueso del dinero.

Pero esta norma se remitía a un reglamento posterior que, entre otras cosas, debe crear un registro de empresas interesadas en estos proyectos, definir los plazos y condiciones que deben cumplir las solicitudes, la protección de la competencia en el proceso, etc. Reglamento del que no se tiene noticia hasta la fecha, pese a que el Gobierno sí ha considerado prioritario, por ejemplo, el famoso informe España 2050 presentado a bombo y platillo la semana pasada. Hay recursos para las ensoñaciones de futuro, pero no para la cuestión práctica más importante que tiene el país encima de la mesa.

Sin ese reglamento, no pueden tramitarse las centenares de solicitudes que se han presentado y que el Gobierno no ha hecho públicas. Pero es que tampoco se ha aprobado aún como Ley el citado Decreto (que sí fue convalidado en enero por el Congreso). Sánchez quiso tramitarlo como Proyecto de Ley para introducir enmiendas de sus numerosos socios -formalmente, para recoger aportaciones de todos los grupos-, pero el plazo de presentación de enmiendas se ha aplazado 13 veces nada menos; normalmente, dura unos 15 días.

En ausencia de unos criterios al no haber reglamento ni Ley, cuando llegue el momento de pasar los proyectos a Bruselas, será el Gobierno el que decida discrecionalmente los proyectos que manda. Por ejemplo, se han presentado cinco proyectos para el AVE de hidrógeno y es evidente que la UE no va a financiarlos todos. Por tanto, esa discrecionalidad es crítica con miles de millones en juego.

Como también ha denunciado OKDIARIO, Sánchez se ha negado a que un auditor independiente controle el reparto de los fondos europeos, tal como solicitó el PP.

Las autonomías no conocen las exigencias de Bruselas

Además, hay otro problema importante con las comunidades autónomas. El Gobierno acordó que las regiones repartirían el 54% del dinero europeo que llegue en 2021, un adelanto de 26.634 millones según los Presupuestos Generales del Estado. Pero los Gobiernos autonómicos tampoco cuentan con criterios para repartir su presupuesto en ausencia de estas normas.

De hecho, según un consultor especializado en la materias, ni siquiera han mantenido contactos con los responsables de la Administración central que han negociado las condiciones del reparto con Bruselas antes de la presentación del plan del Gobierno, ni tampoco conocen los proyectos que se han presentado. Por tanto, no cuentan con la información necesaria para tomar estas decisiones vitales para su tejido empresarial.

Como es sabido, Bruselas ha pedido aclaraciones sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Ejecutivo, dada la confusión con que plantea muchas de sus medidas e incluso las contradicciones que contiene. No obstante, en el mundo económico se da por hecho que será aprobado por la crítica situación en que se encuentra la economía española, ya que Europa no puede dejar caer un país tan grande.