Las pymes multiplican por cuatro la demanda de servicios de asesoría por los cambios fiscales y los ERTE

Los continuos cambios legislativos en el escenario empresarial actual han terminado por aturdir a miles de pymes que han visto en los servicios de asesoría, un aliado imprescindible para hacer frente a este nuevo escenario. Así, la incorporación de este perfil profesional con conocimientos sobre derecho laboral, fiscal y contable se ha convertido en una necesidad estratégica.

Según diversos estudios, la demanda de servicios propios de asesoría por parte de las pymes ha aumentado un 350% desde el inicio de la pandemia. En este marco pandémico, los requisitos para pedir ayudas, los impuestos, las exenciones o los ERTE han generado cientos de miles de consultas en los despachos especializados y, derivado de ello, se ha producido un incremento de la demanda de cursos para la formación de trabajadores que den una respuesta eficiente a este tipo de consultas.

“Despachos y asesorías han multiplicado su carga de trabajo durante la crisis sanitaria y, aquellos preparados para absorber y responder a las expectativas del nuevo perfil de usuario, notarán un aumento importante en su cartera de clientes” afirma Alfredo Pérez, CEO de Ayuda T Pymes.

¿Fin de las prestaciones?

La última prórroga para extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) llega a su fin el próximo 31 de septiembre. De este modo, los más de 331.486 personas que se benefician de esta prestación y sus empresas deben estar pendientes de las negociaciones para la extensión de esta medida.

Por otro lado, dejarán de estar en vigor las exoneraciones en la cuota que pagan los autónomos que fueron beneficiarios hasta mayo del cese de actividad. Al ser una exoneración decreciente, el pasado mes de junio pagaron únicamente el 10% de la cuota, en julio el 25%, en agosto el 50% -145 euros- y en septiembre el 75%, lo que asciende a 216 euros. Por tanto en octubre, lo autónomos se enfrentarán al pago completo de la cuota.

Asimismo, el Real Decreto Ley 2/2021 señala que «a partir del 1 de septiembre de 2021, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, o el Instituto Social de la Marina recabarán del Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 2021 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones reconocidas. Por tanto, los autónomos deben saber que a partir de ese momento sus mutuas pueden revisar si cumplían los requisitos de cada prórroga, como la caída de facturación o los rendimientos netos, para beneficiarse de las prestaciones. Si no cumplían dichas condiciones deberán devolver las ayudas.